A pocos días de cerrarse el plazo de inscripción de electores en el Registro Cívico Permanente, que se extiende hasta este viernes 30 de junio, voceros del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) han dado a conocer varias presuntas irregularidades, que deben ser aclaradas por las autoridades de la Justicia Electoral, y en caso de comprobarse su existencia, deberán ser debidamente corregidas.
Las denuncias, presentadas a la opinión pública con base en un trabajo de verificación técnica realizado por miembros de dicho partido de oposición, sostiene que en el Departamento de Paraguarí se ha detectado que unos 1.200 jóvenes, que ya han cumplido la mayoría de edad y por tanto deberían haber sido incorporados en el padrón electoral en forma automática, no han sido agregados y hasta ahora permanecen fuera del padrón.
Esta irregular situación, en el caso de no ser corregida a tiempo, podría llevar a que el Departamento de Paraguarí pierda una banca en la Cámara de Diputados, en beneficio de otro departamento, lo cual puede entenderse como una forma de fraude electoral.
Igualmente, resultan llamativos otros datos verificados por la gente del PLRA, como el de unos 213 ciudadanos inscriptos que van a votar por primera vez, a quienes se les han asignado los sitios de votación a gran distancia de sus actuales domicilios.
En ese sentido, se mencionan casos de ciudadanos que viven en sitios como el barrio Itá Enramada, en Asunción, o en la ciudad de Santa Rita, Alto Paraná, a quienes se les asigna como lugar de votación la ciudad de Itá, en el Departamento Central, con una distancia aproximada de más de 300 kilómetros.
En la práctica, el día de las elecciones podría suponer la imposibilidad de votar ante las dificultades para trasladarse a tan grandes distancias.
En un momento en que persiste un clima de crispación y enfrentamientos políticos en gran parte de la sociedad paraguaya, como una consecuencia directa de la crisis instaurada por los intentos del oficialismo cartista y sus aliados, buscando forzar la enmienda de la Constitución para imponer la reelección presidencial, objetivo que fue finalmente frustrado por las protestas ciudadanas, las autoridades de la Justicia Electoral deben investigar los casos denunciados y proceder a aclarar todas las dudas y actuar con la mayor transparencia, para no perder la credibilidad de la ciudadanía.
Si tales denuncias no son debidamente desvirtuadas y las respuestas explicadas con hechos concretos, habrá razones suficientes para suponer que existen intenciones de cometer algún tipo de delito electoral.
