“Esperamos que hoy se sigan uniendo más prisioneros”, declaró Alayasa sobre la convocatoria de la protesta que coincide con el Día Nacional de la Solidaridad con los Presos Palestinos que se celebra cada 17 de abril desde 1974.
El primer ministro de la ANP, Rami Hamdala, declaró su apoyo a la huelga por “las necesidades y derechos básicos de los prisioneros”.
“En un intento de poner fin a la práctica de la detención administrativa arbitraria, la tortura, los malos tratos, juicios injustos, la detención de los niños, negligencia médica, el aislamiento, el trato inhumano y degradante, la privación de derechos básicos tales como las visitas familiares y el derecho a la Educación”, manifestó en un comunicado de la oficina del primer ministro.
Según cifras de la ANP, alrededor de 6.500 palestinos están en 22 cárceles israelíes, una de ellas en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, y en centros de detención, incluidos 300 menores, 12 parlamentarios y 28 periodistas.
Las organizaciones de defensa de los encarcelados como Adamir y el Club de Prisioneros Palestinos aseguran que 1.500 reos se encuentran en malas condiciones de salud y reciben un tratamiento médico insuficiente.
La huelga de hambre fue convocada por el líder del partido nacionalista Al Fatah, Marwan Barguti, que cumple en prisión cinco cadenas perpetuas por ataques durante la Segunda Intifada.
Bajo el lema “Huelga por la libertad y la dignidad”, los prisioneros han hecho una serie de demandas, entre ellas, la mejora del régimen de visitas, el fin del aislamiento y de la detención administrativa que permite detener sin cargos ni juicios por periodos de seis meses renovables de forma indefinida.
El diputado Yousef Yabarin, de la coalición árabe del Parlamento israelí, Lista Común, ha pedido al Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que acceda a las demandas, y acusa a las autoridades de violar la Cuarta Convención de Ginebra, recoge el periódico Haaretz.
El ministro de Seguridad Pública de Israel, Guilad Erdan, ha ordenado el establecimiento de hospitales militares para que los presos no sean transferidos a centros públicos, donde los doctores se han negado a alimentarlos a la fuerza, pese a la reciente decisión de la Corte Suprema que lo consideró constitucional.
