Pasaron 13 años y las víctimas del Ycuá Bolaños aún siguen batallando. Esta vez, una de ellas, que ya en la Justicia fue favorecida con la indemnización y con la orden de pago, no puede hacerlo por la negativa del presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) y de los funcionarios de Contaduría de Tribunales.
Se trata de Christian Velázquez, quien durante el siniestro ocurrido el 1 de agosto de 2004, en el supermercado Ycuá Bolaños, perdió a su esposa Graciela Concepción Meza y a sus tres hijos Macarena, Marcelo y Ana Paula Velázquez.
Además, también Velázquez sufrió lesiones en el incendio, por lo que tuvo que estar en todas las etapas del juicio oral, como querellante, para finalmente, a través de la acción civil en lo Penal, pedir la reparación del daño.
Fue así que en diciembre del 2010, planteó ante el entonces presidente del Tribunal de Sentencia, Blas Cabriza, la solicitud de reparación del daño sufrido, a raíz de las lesiones que tuvo y la muerte de su esposa y tres hijos.
FALLOS. En febrero del 2011, los jueces Blas Cabriza, Bibiana Benítez y Victoria Ortiz concedieron el pedido y le adjudicaron un monto de G. 1.400.000.000, como reparación del daño.
Tras múltiples cuestionamientos por las defensas de los condenados, entre apelaciones, tercerías y otros pedidos, finalmente, el 30 de noviembre de 2014, los jueces dispusieron llevar adelante la ejecución del fallo.
Según el abogado Francisco Meza, quien representa a Christian Velázquez, a pesar de la orden de la actual presidenta del Tribunal, Victoria Ortiz, de transferir la suma de 312.432 dólares, que fueron embargados de una cuenta del Ycuá Bolaños, esta orden no se cumple.
Meza señala que la Contaduría General de Tribunales, en forma reiterada, informa que no hay disponibilidad de fondos por existencia de otros embargos, aun reconociendo que Velázquez fue el primer embargante de la cuenta.
A esto se suma el presidente del BNF, Carlos Alberto Pereira, que no cumplen con la orden por el informe de la Contaduría de Tribunales. Es más, el abogado Meza pide que se remitan los antecedentes a la Fiscalía por desacato.
