Un testigo del incidente ocurrido el viernes en la localidad de Hpakant, a 652 kilómetros al norte de Naipyidó, declaró al medio “Irrawaddy” que “nacionalistas budistas” demandaron la demolición del centro religioso que, según ellos, había sido construido ilegalmente.
La comunidad musulmana alegó que solo lo haría ante una orden oficial de las autoridades, lo que no detuvo a la caterva formada por varios cientos de personas, en su mayoría de otras localidades, que portaban armas blancas y palos.
Los bomberos intentaron apagar el incendio pero la muchedumbre se lo impidió, según la fuente.
Ese mismo día en Rangún, a 962 kilómetros al sur de Hpakant, la relatora especial de la ONU para Birmania ponía fin a una visita de doce días al país con un llamamiento al Gobierno, el primero democrático en más de medio siglo, para que acabase con la discriminación institucional contra la minoría musulmana.
“El Gobierno debe demostrar que en Myanmar no hay sitio para quienes instigan y cometen actos violentos contra las minorías étnicas y religiosas”, dijo en rueda de prensa en Rangún la profesora surcoreana, experta en derechos humanos.
La violencia sectaria en Birmania estalló en 2012 tras la violación y asesinato de una mujer budista a manos de tres musulmanes.
Desde entonces, decenas de personas han muerto y alrededor de 140.000 musulmanes permanecen en campamentos de desplazados en el oeste del país en condiciones precarias, la mayoría de la minoría rohinyá, que las autoridades no reconocen y les llaman bangladesíes.
Este año, el movimiento democrático que lidera la nobel de la paz Aung San Suu Kyi llegó al Gobierno de la nación tras derrotar a los militares con mayoría abrumadora en las elecciones que se celebraron el 8 de noviembre de 2015.
No obstante, las Fuerzas Armadas, que gobernaban el país desde el golpe de 1962, retienen las carteras de Defensa, Interior y Asuntos Fronterizos gracias a la Constitución heredada de la última junta militar.
