En un país democrático, ordenado jurídicamente, las instituciones tienen roles específicos que cumplir. Esto significa que todas las personas, comunes mortales o investidas con algún tipo de autoridad, tienen que ceñirse a las normas de procedimiento dictadas por las leyes vigentes. Nadie puede invocar ningún tipo de privilegio para pasar por encima de lo establecido.
Hechos recientes, sin embargo, demuestran que una institución estratégica para el buen funcionamiento del Poder Judicial –como es el Consejo de la Magistratura– puede apartarse de sus fines y actuar en base a presiones e intromisión del poder político para apartar de su función de investigadora del ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, a la fiscala Blanca Agüero.
Es evidente que el propósito del imputado y sus defensores es sacar de la escena a la agente del Ministerio Público, que hasta ahora ha actuado correctamente al cumplir su rol de representante de la sociedad, buscando pruebas en contra del ex intendente colorado Roberto Cárdenas, que pretende su re-reelección y lesionó la confianza pública al no garantizar la calidad de la construcción de aulas del Colegio Nacional de Lambaré. Si la influencia perversa e interesada en garantizar la impunidad de un funcionario público logra su propósito, el Consejo de la Magistratura se habrá prostituido para responder tan solo a intereses políticos y no a lo que dispone la ley.
El otro caso involucra a los senadores del Partido Liberal Radical (PLRA), Luis Alberto Wagner y Ramón Gómez Verlangieri, así como al diputado del mismo partido Salustiano Salinas, quienes, en compañía de una horda de manifestantes, atropellaron la Fiscalía de la ciudad de San Antonio.
Esa circunstancia exteriorizó la intención de influir en la decisión de la fiscala que investiga al ex intendente sanantoniano Raúl Mendoza –aspirante a la re-reelección–, imputado por el supuesto mal uso de dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). La turba se presentó en momentos en que el procesado debía declarar ante el Ministerio Público. Es inadmisible que legisladores que elaboran leyes –y, por lo tanto, deben ser los primeros en acatarlas– busquen torcer la voluntad de la Justicia a través de un grupo de exaltados.
La tercera situación se dio cuando la Senad se incautó de un cargamento de drogas en Puentesiño (Departamento de Concepción), y un grupo en el que también se encontraba el hermano del intendente de aquella localidad, recuperó y llevó lo decomisado.
Estas situaciones reflejan el grave deterioro de la institucionalidad en el país. Las autoridades de los tres poderes del Estado que conforman el Gobierno tienen que tomar cartas en el asunto para poner freno al desborde. De lo contrario, se apoderará del país la idea de que las instituciones están de más y que cualquiera puede pasar por encima de ellas y de las leyes, siempre y cuando sea lo suficientemente poderoso para hacer las cosas a su arbitrio.