Ante una situación de conflicto grave, ¿tienen ustedes un plan de contingencia que contemple hasta la persona que debe ir a sacar de la cama al presidente y ponerlo a salvo?, preguntó en el 2006 un instructor sobre temas de seguridad a los militares y policías paraguayos que, junto con exponentes de la sociedad civil, participábamos de un taller sobre seguridad pública, organizado por PNUD en Asunción. Los uniformados se miraron sorprendidos buscando que alguno diera una respuesta que, finalmente, no apareció.
Según el experto, en un Estado eficiente todo esto tiene que estar protocolizado y asignadas las responsabilidades, de modo que cuando haya que actuar, simplemente se sigan las reglas. Esto garantiza transparencia y eficiencia.
Recordé esto cuando escuché a la diputada Desirée Masi contar que la tarde-noche del 31 de marzo último, cuando el Congreso estaba a punto de ser atracado por una turba de manifestantes, varios legisladores y funcionarios se encontraban dentro del recinto legislativo. Ante la desesperación, y en busca de auxilio, vanamente intentaron comunicarse con el entonces comandante de la Policía Nacional, comisario Sotelo. Pero, según ella, este no les atendía las llamadas.
El lunes, el PLRA demostró que si había alguna regla de juego en materia de seguridad en el país, esta fue ampliamente pisoteada por gente que nada tiene que ver con la administración del Estado, y específicamente con las instituciones que deben prevenir y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, como la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público y, si las circunstancias lo justifican, las Fuerzas Armadas.
El Partido Liberal realizó para ello la tarea que se daba por descontado debía hacer la Fiscalía al investigar los hechos que derivaron en el incendio de parte del edificio del Congreso y el atropello policial a la sede del PLRA por efectivos policiales que en este acto asesinaron a Rodrigo Quintana.
Un equipo jurídico y técnico analizó el cruce de comunicaciones telefónicas entre el comandante de la Policía y personas del entorno del presidente Cartes –uno de ellos gerente de la tabacalera del presidente– que nada tienen que ver con las funciones del Estado.
Fueron numerosas llamadas en los momentos más calientes del clima de violencia en que derivó el fallido plan oficialista de aprobar la enmienda constitucional y permitir la reelección de Cartes.
Con manoseos así es imposible otorgar reconocimiento y legitimidad a instituciones como la Policía Nacional y el Poder Ejecutivo.
