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Mundo
sábado 26 de noviembre de 2016, 12:11

Una orden en P.Rico excluye la detención de funcionarios por positivo en marihuana

San Juan, 26 nov (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, firmó tres nuevas órdenes ejecutivas, entre ellas, una que pide excluir la marihuana de la detección de sustancias controladas a empleados en las agencias de la rama ejecutiva.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido hoy por la oficina de prensa del gobernador, esta directriz, sin embargo, no aplica a los candidatos o aspirantes a empleo en el Gobierno, ya que en estos casos, la prueba para la detección de sustancias controladas es de carácter obligatorio.

La orden del gobernador, según el comunicado, "reafirma el interés de la actual administración por continuar tomando acciones concretas y nuevos enfoques dirigidos a la reducción de las sanciones formales por el uso personal del cannabis".

García Padilla resaltó que en cumplimiento con la política pública establecida por su administración en el procesamiento de casos por posesión de marihuana, "se establece que los mismos no son prioridad para el Estado".

Las otras tres órdenes ejecutivas son sobre la comercialización de las escuelas públicas en desuso y la concesión de beneficios a los confinados tras el pleito Morales Feliciano, un pleito de clase de confinados puertorriqueños sobre las condiciones en las cárceles de la isla.

La orden ejecutiva de las escuelas propone atender la pobre planificación urbana y la construcción desmedida, así como el gasto innecesario en arrendamientos por parte de las agencias, municipios y demás corporaciones gubernamentales con el fin de beneficiar a las comunidades e impulsar la economía de la isla.

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) ubicará las propiedades con el fin de determinar que estas no sean de uso público y que se encuentran en condiciones para ser vendidas.

Asimismo, la Autoridad de Tierras se encargará del proceso de mercadeo y venta de las escuelas.

El beneficio de estas ventas será transferido al Departamento de Educación para ser utilizado en la reparación ya condicionamiento de los planteles escolares.

La tercera orden, la del pleito Morales Feliciano, impone por acuerdos de colaboración dispuestos por el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, una serie de beneficios por un año a los confinados encarcelados después de 1980, pero antes de 1987.

Esto se hace para lograr la rehabilitación social de los miembros de la población correccional con el fin de fomentar su reincorporación social.