“Es una decisión presidencial, no puede ser de un ministro, tiene que ser la decisión del presidente de turno”, asegura Berges en una entrevista con Efe, en la que analiza el fenómeno de las barras tras los incidentes registrados la pasada semana en el clásico Boca-River, en la Bombonera, donde fueron agredidos varios jugadores ‘millonarios’ con un gas tóxico.
A su juicio, el principal imputado por la agresión, Adrián ‘Panadero’ Napolitano, hincha de Boca, “no es ajeno” al club e “indudablemente su comportamiento no puede ser obra de una decisión personal”.
“Decir que actuó solo es una cosa que la hace hasta por supervivencia, porque si él hace manifestaciones donde se relaciona con otra gente indudablemente puede tener algunas represalias”, apunta.
Berges critica las fallas en la seguridad de la Bombonera -supuestamente protegida por 1.200 policías- y la investigación, que ha tipificado la agresión como “lesiones leves” en vez de apuntar a una “asociación ilícita” que permitiría la detención de Napolitano.
En su opinión, el responsable último es el Estado, entendido como “poder Ejecutivo, poder Legislativo y Judicial”.
Por eso, está convencido de que una orden presidencial terminaría por implicar a todos los poderes del Estado, a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a los propios clubes.
Incluso, apunta, “también puede provocar una modificación de las costumbres de la sociedad. Nosotros tenemos una sociedad que es extremadamente tolerante y permisiva con todos estos hechos”.
Berges, que participó en sonados casos contra las barras, como el que condujo a la condena de Rafael Di Zeo, uno de los jefes de la hinchada de Boca, conoce bien los negocios ilegales de estas organizaciones.
“Los negocios son muy distintos”, en función del tamaño del club, explica.
En los más pequeños, la barra se vincula “con el poder que se obtiene a partir de la fuerza, pero que genera un poder sobre el territorio, lo que llamamos la relación con los intendentes (alcaldes)”.
En los equipos grandes, los negocios se vinculan a la reventa, las concesiones de confiterías, los “trapitos” -como se conoce en Argentina a quienes cobran por estacionar en la calle-, los puestos de alimentos y el merchandising, continúa.
El desacuerdo con los directivos de los clubes conduce a “hechos de violencia”, añade Berges, que considera que en los últimos años han aumentado las “exigencias” de las barras y sus vínculos políticos hasta convertirse en “extorsiones” por “apoyos que se podían haber tenido para campañas electorales”.
“Ese vínculo que se genera entre los violentos y la política provoca una dificultad muchísimo mayor para erradicarlos porque el vínculo es muy estrecho y a veces reciben el apoyo de los abogados que pagan estos políticos, estos mismos violentos después acompañan en actos que son políticos y no deportivos”, denuncia.
Esta situación “genera una enorme diferencia entre el fenómeno de la violencia en el fútbol de Argentina con el fenómeno en otros países”.
Los jugadores también son, en ocasiones, rehenes de su propia hinchada, sostiene Berges, aunque “como una cuestión de respeto por los códigos, no denuncian los aprietes”.
El exjuez recuerda muy especialmente el caso de Gio Moreno, de Racing Club, que fue amenazado con arma de fuego por barras y terminó abandonando el país.
“Las amenazas no necesariamente tienen que llegar a la agresión física, pero hay amenazas permanentes con entregar dinero, a veces incluso hay presiones para que el nivel de juego cambie”, asegura.
Incluso, “en líneas generales, es habitual que los jugadores hagan su aporte a los barrabravas”, afirma.
Más allá de sus negocios ilegales y sus vínculos con el poder, las barras están en el centro de la violencia en el fútbol argentino, el deporte nacional, que se ha cobrado ya más de 250 víctimas.
