El Cambio Nelson cerró el pasado 22 de febrero sin aviso previo, dejando una deuda de 8,7 millones de dólares, provenientes, en parte, de la captación de fondos y el otorgamiento de préstamos, actividades para las que no están autorizadas este tipo de entidades.
La polémica generada por el cierre de dicha casa de cambios y la vinculación de su dueño, Francisco Sanabria, con el PC, desató otros vínculos entre empresas uruguayas y los demás partidos políticos.
Para investigar los vínculos entre las diferentes agrupaciones políticas uruguayas y cinco empresas nacionales, entre las que se encuentra el Cambio Nelson, el pasado 28 de marzo la Cámara de Representantes (Diputados) aprobó la creación de una comisión investigadora, que abordará el tema durante un año con una posible prórroga de seis meses más.
Sin embargo, la discusión en la Cámara de Diputados contiene un trasfondo más complejo: la financiación de los partidos políticos en Uruguay.
Uruguay aprobó en 2009 la ley 18.485, que estableció una serie de requisitos a cumplir por parte de las agrupaciones a la hora de recibir aportes.
Consultado por Efe, el politólogo Daniel Chasquetti consideró que la ley no es mala, pero que necesita mayores controles, ya que en los hechos los partidos están obligados a presentar declaraciones juradas con sus ingresos y gastos pero en la práctica nadie controla que sean veraces.
Concretamente, manifestó que es necesario un “ente regulador que controle y aplique sanciones”, ya que la Corte Electoral, ente que según la ley debe recibir y publicar las declaraciones de los partidos, no tiene la capacidad de investigar a fondo dichos documentos.
Por su parte, el también politólogo Rafael Piñeiro señaló que este organismo, encargado de organizar y fiscalizar los actos electorales, solo se limita a “recoger las declaraciones y verificar que, más o menos, cumplan con los requisitos formales, pero no va más allá”.
Además, consideró que es necesario modificar algunos aspectos del diseño de la ley, entre los que enumeró la posibilidad de que los candidatos a la Presidencia o al Parlamento donen de forma ilimitada, sin tener que declarar la procedencia de sus aportes.
“Si no le pido a los candidatos que me digan de dónde sacaron ese dinero, es decir, si tienen fuentes de rentas o un patrimonio que les permita hacer ese aporte, lo que estoy haciendo es abrir la posibilidad de limpiar donaciones a través de los candidatos”, sostuvo Piñeiro al respecto.
La cámara de senadores cuenta desde hace un año con una comisión especial encargada de estudiar el tema de la financiación de los partidos políticos.
Uno de sus integrantes, el senador de la coalición de izquierdas que gobierna el país, el Frente Amplio (FA), Marcos Otheguy, explicó a Efe que el objetivo de este grupo de trabajo es “reformular la ley vigente” para ir hacia “mecanismos de mayor transparencia y mayor rendición de cuentas sobre la financiación de los partidos políticos”.
En este sentido, el senador oficialista consideró que la comisión especial terminará sus funciones este mes de abril, fecha en la que presentarán un borrador de proyecto de ley para que el pleno de la cámara lo discuta.
La relación entre los aportes a una campaña política y la toma de decisiones de los gobernantes es algo que está “demostrado en el mundo”, según Chasquetti.
Por esta razón, señaló que es un fenómeno que genera “desigualdad”, ya que daña el principio democrático que establece que “cada voto vale uno”.
“Hay mucha evidencia que muestra que hay un grado de dependencia muy fuerte y eso perfora todo. Perfora las políticas públicas, distorsiona la toma de decisiones y vuelve menos autónoma a la política frente a los intereses económicos”, concluyó.
María Eugenia Fernández
