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Política
domingo 31 de julio de 2016, 01:00

Una empresa privada debe resolver el caos que armó el Indert

Numerosas familias campesinas ocupan desde hace varios años una propiedad de la empresa Agropeco SA en la colonia María Auxiliadora, distrito de Tavaí, Departamento de Caazapá.

El propio Indert reconoció que sobre la propiedad, de 4.000 hectáreas, se habilitó la colonia María Auxiliadora y se expidieron títulos durante toda la década de los 80, 90 y los años 2000, aproximadamente hasta el 2006.

En el año 1985, el Directorio del entonces IBR gestionó la compra de 6.000 hectáreas de la Finca Nº 5.400 de la compañía Jesús y Trinidad, hoy Tavaí, y San Cristóbal (Alto Paraná), pertenecientes a Agropeco SA.

Primeramente el IBR pagó en su totalidad por una fracción de 2.000 hectáreas que posteriormente le fueron transferidas. No ocurrió lo mismo con las 4.000 hectáreas restantes por las que se pagó el 30% del costo total.

De acuerdo con el Indert, la empresa le debía transferir las tierras tras ese pago, pero eso no ocurrió.

En marzo de 2014 se firmó un acuerdo con la agropecuaria, que le cedía y transfería al ente rural 1.509 hectáreas. Con este pacto, la firma podía disponer a su arbitrio de las demás 3.000 hectáreas.

El acuerdo fue rechazado en mayo de ese mismo año por Junta Consultiva y de Control de Gestión, en base a los títulos del IBR que aparecieron. Agropeco finalmente devolvió al Indert la suma de G. 40.000.000, que el IBR le había abonado por las 4.000 hectáreas. Los títulos que fueron expedidos por el IBR ahora carecen de validez.

La empresa propone ahora una venta directa a las familias ocupantes, a un precio de USD 4.500 la hectárea. Adicionalmente, plantea un trabajo conjunto para el cultivo de las tierras, que involucra a la multinacional Cargill. La intención es que ambas compañías apoyen la producción y se tenga un comprador garantizado en el momento de la cosecha.

La ganancia resultante quedará 60% como pago por la propiedad y 40% para el campesino.