Nadie pensó que la fuga de Damián Delvalle de la cárcel de Tacumbú terminaría con una investigación fiscal a ministros de la Corte por supuestas coimas, prevaricato y tráfico de influencias. Este hombre, estimado por agencias antidrogas como uno de los más grandes traficantes de marihuana del país, sin saberlo desató una serie de hechos que concluyeron con un duro golpe a una Justicia cada vez más injusta ante los ojos de los ciudadanos.
Tres años después de aquel bochornoso escape –en el que quedó evidenciado, una vez más, el frágil sistema penitenciario– un peritaje a la computadora de un camarista encontró archivos que mencionan coimas de hasta USD 200.000 para obtener sentencias favorables en casos de narcotráfico y, para colmo, cita a los ministros con los que “se puede negociar” y aquellas –las únicas dos mujeres de esta Corte– con quienes no.
Todos, desde los ministros salpicados, el camarista cuya computadora contenía los archivos y hasta el funcionario acusado por la falsificación de la sentencia con la que salió libre Delvalle, aseguran desconocer los documentos.
Los ministros negaron las coimas, como se esperaba, y se pusieron a disposición del fiscal que investiga el caso. Por su parte, este último ya aclaró que los memorandos son insuficientes para una imputación. Así las cosas, es improbable que se llegue a saber la veracidad de este presunto esquema de sobornos en altas esferas judiciales.
Una mancha más a una institución que en estos años ya atravesó peores adversidades. La mayoría de estos ministros enfrentó con admirable estoicismo las amenazas de juicio político por su autodeclarada inamovilidad. Tampoco se inmutaron cuando fueron fotografiados en fastuosas fiestas de congresistas y hasta en mítines políticos. Ellos mantuvieron su versión: “Somos independientes”.
Algunos tienen la piel más curtida que otros. Víctor Núñez, por ejemplo, soportó y salió airoso de una investigación por enriquecimiento ilícito, y Miguel Óscar Bajac puso a prueba su temple cuando el ex fiscal y actual senador, Arnaldo Giuzzio, lo acusó de haberlo presionado para que baje los decibeles en una investigación a un narco.
Difícilmente, la investigación por los memorandos encontrados en la computadora del camarista Delio Vera llegue a la verdad de los hechos. Un documento de texto, finalmente, es nada más que eso. Jamás podría llegar a ser por sí solo una prueba fehaciente de un soborno.
De todos modos, el episodio sirvió para demostrar que hace mucho la ciudadanía perdió el asombro ante los escándalos que acechan a esta Corte Suprema.