18 de octubre
Lunes
Mayormente despejado
10°
24°
Martes
Despejado
12°
27°
Miércoles
Despejado
18°
30°
Jueves
Parcialmente nublado
22°
34°
Avatar
Avatar
Bienvenido,
Cerrar Cerrar
Cerrar
Login/Registración
Búsqueda
Cerrar
Editorial
jueves 6 de julio de 2017, 02:00

Un vergonzoso intento por incrementar la narcopolítica

Mientras la ciudadanía exige más control sobre el financiamiento de campañas políticas, los miembros de la Cámara de Diputados, principalmente oficialistas, ampliaron este martes el monto tope de aportes individuales, de 5.000 a 50.000 jornales. De este modo, el proyecto de ley que originalmente buscaba frenar el ingreso de fondos del narcotráfico pasó a hacer todo lo contrario: abrir posibilidades a que la narcopolítica aumente su influencia, apartando a la Seprelad y a la Contraloría de todo control. La fuerte reacción ciudadana y de la prensa los obligó ayer a cambiar de parecer y devolver el proyecto de ley a fojas cero, pero la amenaza sigue latente.

Las grandes expectativas que existían en varias organizaciones de la sociedad civil y sectores sociales, acerca de la modificación de la Ley 834/96, que regula el financiamiento político, en la Cámara de Diputados, para establecer mayores mecanismos de control sobre el origen del dinero que financia las campañas electorales, se convirtió en motivo de gran frustración e indignación, ya que la mayoría de los diputados, principalmente del oficialismo cartista y sus aliados, impusieron en la sesión del martes un resultado totalmente contrario, al disminuir los controles y aumentar considerablemente las cantidades de dinero que se pueden aportar desde las sombras.

La principal modificación realizada a propuesta del diputado colorado Bernardo Villalba (quien años atrás fue incluido en un informe del Senado entre los políticos vinculados al narcotráfico, al haber sido abogado defensor de varios procesados por este delito), fue el de aumentar de 5.000 jornales (unos 392 millones de guaraníes) a 50.000 jornales (unos 3.925 millones) el monto de "aporte" o "donación" individual de personas durante las campañas políticas.

Del mismo modo, como otro punto igualmente grave, se decidió dejar de lado a organismos como la Contraloría General de la República y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), quitándoles atribuciones para ejercer controles sobre la procedencia del dinero usado en las campañas proselitistas. La posibilidad de control solo quedaba en manos del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Esta situación implicaba un gran retroceso para frenar la creciente influencia de sectores del narcotráfico y del crimen organizado, que en los últimos años han tenido una injerencia cada vez mayor en financiar a candidatos a cargos electivos, a cambio de acciones que favorecen a sus negocios ilícitos. De este modo, el Paraguay se encaminaría peligrosamente hacia un modelo de narcoestado, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos. Los efectos de esta creciente escalada del poder criminal ya los hemos sufrido, con los ataques y asesinatos impunes contra periodistas y dirigentes sociales, o con las constantes guerras entre bandas criminales en zonas de frontera, que cobran gran número de víctimas.

La fuerte reacción ciudadana y de la prensa que produjo esta vergonzosa decisión de los legisladores los obligó en la sesión de ayer a cambiar de parecer y devolver el proyecto de ley a fojas cero, pero la amenaza sigue latente. Es de esperar que la acción crítica de la ciudadanía se mantenga vigilante y evite que, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, se insista con esta lamentable regresión hacia un modelo de narcoestado.