Gina Miller, directora del fondo de inversión SCM Private, ha presentado una petición de “revisión judicial” para que los jueces determinen si el Ejecutivo puede activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa -que da inicio a la negociación- por “prerrogativa real” o si, en cambio, debe obtener la autorización del Parlamento.
Además de Miller, principal demandante, han planteado el mismo caso el peluquero londinense Deir Dos Santos y los grupos “Desafío del Pueblo”, liderado por Grahame Pigney; “Un buen acuerdo para los expatriados” y “AB Parties”, que dice representar a personas vulnerables.
El tribunal examinará la demanda entre hoy y el próximo lunes, tras lo cual se espera que emita un dictamen que muy probablemente será recurrido por la parte perdedora.
El Gobierno de la primera ministra, la conservadora Theresa May, considera que, tras el referéndum del 23 de junio, tiene potestad para invocar el artículo 50 sin necesidad de aprobación parlamentaria.
Los ciudadanos demandantes argumentan, por su parte, que el Ejecutivo debe consultar a las cámaras parlamentarias antes de modificar el estatus internacional del Reino Unido.
El fiscal general para Inglaterra y Gales, Jeremy Wright, que defenderá la postura del Gobierno, ha sostenido que “el país votó a favor de abandonar la UE en un referéndum aprobado por el Parlamento”.
Miller, que ha contratado a un bufete de abogados para abrir el proceso contra el Gobierno, ha afirmado que la iniciativa trata de acabar con “un entorno legal en el que la prerrogativa real (del Ejecutivo) puede pasar por encima del Parlamento, y retirar o difuminar derechos”.
Los partidos de la oposición política en el Reino Unido se han mostrado también favorables a que el Parlamento deba dar el visto bueno antes de iniciar las negociaciones formales para dejar la UE.
El Gobierno británico anunció la semana pasada que planea activar el artículo 50 antes de que termine el primer trimestre de 2017.
