En total, los auditores consideran que “casi 400 millones de euros de inversiones examinadas” se han echado a perder por su uso inadecuado.
El estudio sobre el transporte marítimo certifica también que, durante esos trece años, un euro de cada tres gastado en los proyectos examinados (194 millones en total) se destinó a iniciativas que duplicaban las instalaciones cercanas ya existentes.
Además, se invirtieron 97 millones de euros en infraestructuras que no se utilizaban o estaban “considerablemente infrautilizadas”.
Los auditores evaluaron las estrategias de transporte marítimo de mercancías de la Comisión y los Estados miembros, así como la rentabilidad de las inversiones en puertos, que ascendió a 17.000 millones de euros de subvenciones y préstamos entre 2000 y 2013.
Asimismo, visitaron 19 puertos marítimos distribuidos entre Alemania, Italia, Polonia, España y Suecia, y constataron que ni la UE ni los Estados miembros tenían una visión estratégica de conjunto sobre qué instalaciones necesitaban financiación.
De acuerdo con los auditores, los proyectos con financiación comunitaria examinados también eran “ineficaces”, con sobrecostes de 139 millones de euros detectados, sobre todo, en Alemania y España, incluidos los 200.000 euros del puerto de Vigo y los 67 millones en Algeciras.
Además, 19 de los 30 proyectos completados sufrieron retrasos.
El mayor, del 136 % de las previsiones iniciales, se produjo en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, precisó el Tribunal de Cuentas Europeo.
En cuanto a España, el TCE destaca que dispone de una estrategia exhaustiva en funcionamiento para evaluar y monitorizar las necesidades de inversión en todos los puertos del país.
No obstante, los auditores subrayan la falta de análisis interior y la inexistente búsqueda de sinergias entre puertos vecinos, si bien perciben “apoyo técnico suficiente” para poner en marcha proyectos.
El estudio destaca un muelle de 575 metros de longitud, un área adyacente de 4,5 hectáreas y un espacio de almacenamiento de 20 hectáreas finalizados en el puerto de Cartagena en 2013.
De los 62,8 millones que costó la obra, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional otorgó 10,4 millones, pero las 20 hectáreas permanecen sin uso en la actualidad.
El Tribunal de Cuentas Europeo criticó la escasa coordinación entre la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a la hora de financiar las infraestructuras portuarias, pues la concesión de préstamos por el BEI a puertos vecinos no pertenecientes al club comunitario como Marruecos menoscabó la eficacia de la financiación de la UE en los puertos de la Unión.
En 14 de los puertos examinados se observó la “inexistencia o falta de idoneidad” de muchos enlaces con el interior, como conexiones viarias y ferroviarias.
Los auditores opinan que la Comisión no tomó las medidas necesarias en el ámbito de las ayudas estatales y los procedimientos aduaneros para que los puertos pudieran competir en igualdad de condiciones.
Entre las recomendaciones dirigidas al Ejecutivo comunitario, el TCE propone revisar la cifra actual de 104 puertos principales y establecer un plan europeo de desarrollo portuario, así como publicar directrices sobre ayudas estatales para puertos marítimos y garantizar que el BEI comparta con la Comisión sus propuestas de préstamos.
Entre 2000 y 2013, la Unión Europea destinó alrededor de 6.800 millones de euros a inversiones en puertos, mientras que el BEI otorgó préstamos por valor de cerca de 10.000 millones de euros.
