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Editorial
viernes 10 de febrero de 2017, 02:00

Un preocupante retroceso que amenaza la libertad de expresión

Que el propio vicepresidente de la República, Juan Afara, y el titular del Partido Colorado, Pedro Alliana, propongan una alianza "política y comercial" con los dueños de radios del interior, ofreciendo dinero público para difundir propaganda gubernamental, en un operativo coordinado por la Sicom y la Conatel, constituye un nuevo intento por controlar el contenido de los medios de comunicación y un grave retroceso que amenaza a la libertad de expresión. Recuerda a nefastas prácticas de la época de la dictadura stronista, como la tristemente célebre cadena radial La voz del coloradismo. Es una buena oportunidad para reclamar una necesaria mejor reglamentación de la publicidad estatal, evitando que los gobiernos la utilicen como un sistema de premios y castigos a los medios.

Controlar los contenidos de los medios de comunicación para tratar de evitar críticas y denuncias y, por el contrario, difundir mensajes que hablen maravillas a favor de lo que hace el Gobierno ha sido siempre el sueño de todo gobernante. Pero es una práctica que distorsiona la verdadera función de la prensa que, además de informar con rigurosidad sobre la realidad cotidiana, esencialmente debe actuar como contralor ante los abusos del poder, investigando los casos de corrupción y sacando a luz las irregularidades que se deben corregir.

Durante los años de la dictadura stronista se obligaba a la casi totalidad de las emisoras de radio del país a transmitir en cadena un programa oficial preparado por voceros del Gobierno y otro de propaganda política elaborado por gente del Partido Colorado, con el nombre de La voz del coloradismo.

Con esto Stroessner pudo hacer realidad el viejo sueño de todo dictador: contar con una sola voz, una voz única, una única versión de los hechos, incontestable, tan característica de los regímenes autoritarios. La voz del coloradismo representa por esto uno de los capítulos más oscuros del régimen. Los stronistas no solo tenían el control absoluto de los medios, no solo coartaban la libertad, sino que además atacaban a los que pensaban diferente en estos espacios radiales.

Si bien los sucesivos gobiernos de la llamada transición a la democracia también han utilizado dinero de las binacionales en publicidad, no repitieron el modelo anterior y lograron mantener una conducta de respeto a la libertad de expresión y al derecho a la información.

La estrategia de Horacio Cartes es diferente y más agresiva. Su familia invirtió en la compra de varios medios de comunicación, los cuales, pese a ser privados, en la práctica ejercen como medios oficialistas y propagandísticos del Gobierno.

Ahora, la iniciativa llevada a cabo por el vicepresidente Afara añade otro grave episodio que pone en riesgo la libertad de expresión. Obligar bajo coerción política o dádivas económicas a las radios a volverse oficialistas es condicionar la labor de la prensa.

La mejor publicidad para un Gobierno son las obras a favor de la ciudadanía. Si la gestión gubernativa fuera muy buena, no habría nada que criticar. Y si algo está mal, no se puede ocultar ni aún obligando a toda la prensa a callar las críticas y a contar maravillas.

Esta es una excelente oportunidad para reclamar una necesaria mejor reglamentación de la publicidad estatal que evite que los gobiernos utilicen su poder temporal y el dinero público para establecer un sistema de premio y castigo a los medios.