Hace dos días recordábamos los 97 años del natalicio de la desaparecida intelectual eslovena nacionalizada paraguaya Branislava Susnik, madre de la etnología y de la historia social paraguayas y, posiblemente, de la lingüística para muchos pueblos indígenas de estas latitudes. Profundamente conocedora de la dimensión humana, histórica y antropológica del paraguayo, acuñó entre sus íntimos –cuando arreciaban los ditirambos oviedistas en 1996– una mordaz frase: “Este es un país de joda”. Mientras se producían los homenajes, en el Parlamento, colorados, liberales y frenteguasuístas desataban una razzia jurídica y enviaban más al fondo del abismo la institucionalidad y el proceso republicano, buscando la enmienda constitucional para que Horaco Cartes y Fernando Lugo vayan por la reelección.
Y no es que la enmienda y la reelección sean malas. Forman parte de la mecánica jurídica y del sistema republicanos. El problema está en que se rompan los contratos legales trazados justamente para evitar el abuso de poder, las dictaduras y los leoninos procederes a los que generalmente son afectos los energúmenos del fascismo criminal. Esos que en junio de 2012 hicieron lo mismo para tumbar al gobierno constitucional de Lugo, usando como razón la provocada matanza en Marina Cué.
Los senadores que van detrás de la enmienda (cartistas, luguistas y llanistas) fraguaron un presidente paralelo del Congreso, modificaron el reglamento a su medida dentro de un cuestionable y dudoso procedimiento e ingresaron el pedido de enmienda. Similar propuesta entró en agosto de 2016, fue rechazada y por Constitución volverla a tratar se puede en un año; es decir, en agosto de 2017. No ahora. Si se judicializa, ya está la Corte amoldada para operar bajo una poco sólida certeza constitucional como lo hiciera con los bonos soberanos.
Anteayer, muchas figuras y figuritas de la larga transición democrática paraguaya se fueron por el albañal. Traicionaron discursos, trayectorias, proyectos y principios.
Los que van a por la enmienda, a troche y moche, al igual que quienes desde sus bancas legislativas y grupos político-partidarios los acusan de inconstitucionales, son básicamente lo mismo. Cuando les toca –está demostrado– violan todo –o cínicamente se rasgan las vestiduras– sin contemplación. Ambos bandos no defienden los intereses de la población, sino sus privilegios espurios.
Bien les vendría una pueblada y cárcel por traición a la gente y a las instituciones de la República. Finalmente, levantarse contra las arbitrariedades, los malos gobiernos y el abuso de poder es un mandato constitucional, legal y últimamente necesario...