El Tribunal Supremo de Justicia debe pronunciarse mañana sobre la petición de la Fiscalía para que Doria Medina ingrese en prisión preventiva por presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos para el Estado y conducta antieconómica.
“Mañana va a haber varios observadores internacionales en la ciudad de Sucre, porque preocupa a Bolivia y al mundo las injusticias que se están cometiendo”, dijo el empresario, aunque no precisó que otras entidades enviarán delegados a su audiencia además de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los cargos que enfrenta se remontan a su etapa de ministro de Planeamiento (1991-1993), cuando autorizó la transferencia de 21 millones dólares a una fundación privada, Fundapro, a cambio de la condonación de 361 millones de deuda con Estados Unidos.
Según argumentó el opositor, el préstamo se devolvió por completo y con antelación respecto a los plazos pactados.
“Creo que ha quedado absolutamente claro que hubo un beneficio para el país”, afirmó Doria Medina.
También se refirió a unas declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera, quien le acusó la semana pasada de haber usado la empresa panameña Akapana para supuestamente esconder ganancias por la venta en 2005 de cerca de la mitad de una cementera a la firma mexicana Cementos Chihuahua con el propósito de evadir impuestos.
Según el opositor, como al Gobierno le “ha fallado” su acusación por el caso de Fundapro, ahora le quieren “acusar de otra cosa”.
Sostuvo que nunca estuvo en una empresa panameña, aunque sí ha reconocido que su familia la utilizó para esta transacción de una forma legítima.
Argumentó que además la venta de acciones no está sujeta a impuestos y explicó que lo que se le reclama es otro impuesto a las ganancias de capital que, según dijo, su familia pagó de acuerdo al valor contable de la empresa en el momento de venta de las acciones.
Respecto a su posible encarcelamiento, afirmó que no hay riesgo de fuga y argumentó que viajó a Washington el pasado 31 de octubre para denunciar su situación ante la OEA y el 3 de noviembre se presentó a la audiencia en Sucre, que finalmente fue aplazada a mañana por el estado de salud de otros dos imputados en el caso.
Doria Medina denunció que el Gobierno lleva a cabo una persecución política, no solo contra él, sino también contra los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, u otras personas que no están en el Gobierno y “tienen un liderazgo político”.
“Es el modelo venezolano, tratar de eliminar al contendiente para pensar que así se queden indefinidamente”, afirmó.
Las autoridades bolivianas han rechazado las acusaciones de persecución y han tildado de “injerencia” el que la OEA haya enviado a un observador a la audiencia del pasado jueves 3.
