Barrientos, quien es ahora ciudadano estadounidense, estaba acusado en una demanda civil interpuesta por la esposa de Víctor Jara, Joan, y sus dos hijas, Manuela Bunster y Amanda.
El jurado pidió al exmilitar chileno el pago de una compensación por daños y perjuicios de 28 millones de dólares para la familia Jara.
Según los abogados de la acusación, el monto de la indemnización es tan alto porque el jurado encontró una fuerte “conexión” entre Barrientos y lo sucedido en el Estadio Chile, convertido en un centro de detención y tortura al comienzo de la dictadura del general Augusto Pinochet.
Tras conocer la decisión del jurado tras dos días de deliberaciones, Joan, Amanda y Manuela comenzaron a llorar de alegría y se abrazaron con sus abogados.
Por contra, Barrientos, que estaba acompañado por tres representantes legales, quedó notablemente cabizbajo.
Según dijo a Efe la abogada Catherine Roberts, este veredicto supone un “mensaje no solo a otros perpertadores sino también al Gobierno de Estados Unidos para que agilice la extradición a Chile” de Barrientos.
Durante el juicio, el exmilitar negó conocer en esa época al popular cantautor, que falleció durante los asesinatos extrajudiciales que se llevaron a cabo en el Estadio Chile en 1973.
En su testimonio, de dos días, Barrientos aseguró que supo del cantautor y de los sucesos que llevaron a su muerte mucho tiempo después de ocurridos.
Por contra, varios testigos de la acusación, entre ellos exoficiales chilenos, aseguraron que Barrientos era uno de los militares a cargo del Estadio Chile, hasta donde fueron llevados en calidad de detenidos el cantautor y decenas de estudiantes y maestros.
Señalaron haber sido testigos de las torturas a los detenidos por parte de oficiales en los vestuarios del recinto deportivo, denominado en la actualidad Estadio Víctor Jara.
Tanto la viuda del cantante como sus dos hijas también rindieron testimonio en la corte a cargo del juez Roy Dalton, encargado de presidir este juicio tras la demanda civil presentada en 2013 por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco.
