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Mundo
miércoles 15 de febrero de 2017, 16:47

Un juez ordena sentar en el banquillo a la diputada argentina del Parlasur detenida

Buenos Aires, 15 feb (EFE).- La Justicia argentina ordenó hoy la apertura de juicio oral contra la activista y diputada argentina del Parlasur Milagro Sala, que permanece detenida desde enero del año pasado, por defraudar supuestamente sumas millonarias al Estado provenientes de planes de vivienda que nunca fueron ejecutados.

Según informaron fuentes judiciales, un juez provincial cerró hoy el sumario de la investigación que busca dilucidar si la organización que lidera Sala, Tupac Amaru, defraudó unos 60 millones de pesos (3,8 millones de dólares) a través del plan estatal de viviendas "Vivir Mejor II", y envió la causa a juicio oral.

La activista fue detenida en la provincia norteña de Jujuy el 16 de enero de 2016 por una protesta organizada contra el gobernador de esa región, el oficialista Gerardo Morales, pero permaneció después en prisión preventiva debido a su presunta implicación en otras causas como la elevada hoy a juicio.

En concreto, Sala se enfrenta a delitos de "fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión".

La diputada encabeza la organización barrial Tupac Amaru, un movimiento nacido en 1999 con objetivos como construir casas, escuelas, centros de salud y pequeñas empresas para los más desfavorecidos en la zona norte de Argentina -la más pobre del país- a través de donaciones y ayudas concedidas por el Estado.

En la causa también están investigadas otras 31 personas, entre las cuales se encuentran cooperativistas de Tupac Amaru y excargos provinciales y municipales que debían controlar el desarrollo de la ejecución del millonario plan estatal, algunos de ellos acusados también de "falsedad ideológica".

No obstante, todavía quedan varias instancias de apelación para la defensa, que tiene ahora un plazo de una semana para plantear un recurso ante la Justicia provincial, tal y como explicó a Efe Luis Paz, uno de los abogados de la diputada.

El letrado insistió en que el dictamen del juez no es firme y achacó la decisión a un entramado de connivencia entre el poder judicial de la provincia y el Gobierno jujeño: "En la Justicia de la provincia de Jujuy no nos van a dar la razón porque queda manifestada la connivencia entre el poder Ejecutivo provincial, el poder judicial de la provincia y la Cancillería nacional", dijo.

Sala, que fue elegida para el Parlasur en diciembre de 2015 dentro de las listas del kirchnerismo, aún no ha podido asumir su cargo y su detención es seriamente cuestionada por distintos organismos internacionales, como Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tanto el Ejecutivo encabezado por Mauricio Macri como las autoridades jujeñas argumentan que dichos organismos no conocen en todos los cargos que pesan contra Sala y que la decisión de darle o no la liberad está solo en manos de la Justicia.

Hasta la fecha, los tribunales se han expedido en dos de las causas menores contra la activista, la de la manifestación que desembocó en su detención y otra por otra protesta similar en 2009.

Por la primera se le impuso una multa por 3.780 pesos (unos 240 dólares) y la prohibición de integrar sociedades y organizaciones civiles por tres años y tres meses, mientras que por la de 2009 recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso (no efectiva).