En un auto publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez federal Sebastián Casanello rechazó un pedido de la defensa para sobreseer a Báez, principal adjudicatario de obras públicas en la sureña provincia argentina de Santa Cruz y estrecho colaborador del fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007).
La causa se inició en 2013, aunque dio un vuelco el pasado marzo cuando un canal de televisión difundió un video que mostraba a Martín Báez, hijo del contratista, contando grandes sumas de dinero en las oficinas de la financiera SGI en Buenos Aires, donde la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) compró dos inmuebles.
A raíz de la publicación, la Justicia ordenó la detención del empresario en abril y lo procesó poco después junto a su hijo y a otros presuntos implicados en la trama.
Según el juez, Báez habría sacado del país millonarios fondos a través de sociedades inscritas en Panamá.
No obstante, la defensa recientemente presentó un recurso de sobreseimiento ante el juzgado, en el que alegaban que el dinero que manejaba el contratista en las sociedades que investiga la Justicia era lícito, ya que procedía del Estado.
“Las conductas que se le adjudican a mi asistido (...) mal podrían consistir en una legitimación/blanqueo/lavado si el dinero era legítimo y provenía de una actividad lícita. Dicho de otra manera: no se puede lavar dinero blanco”, aseguraba la defensa en su escrito.
El juez Casanello rechazó estos argumentos y aseveró que las investigaciones del Tribunal “han permitido forjar la fortísima sospecha de la existencia de una compleja defraudación tributaria llevada adelante por Austral Construcciones S.A.”, empresa a nombre de Báez.
Asegura además que la firma infló costos “en el marco de las obras públicas que le fueron adjudicadas por el Estado” y que defraudó al fisco “por sumas millonarias”.
