El documento, que ordena la apertura de una investigación en un plazo de 30 días, fue publicado hoy después de que Zuma retirara el recurso que presentó ante la Justicia para evitar su difusión.
La Defensora del Pueblo recopila numerosas denuncias de maniobras del presidente y varios ministros y cargos públicos sudafricanos para garantizar a esta familia de empresarios, los Gupta, acceso a lucrativos contratos en minería, armamento o transportes.
La compañía eléctrica nacional Eskom, la armamentística Denel y la de transportes Transnet son algunas de las empresas públicas implicadas en lo que ha venido a llamarse en Sudáfrica la “captura del Estado” por parte de los Gupta.
El informe recoge el testimonio del viceministro de Finanzas, Mcebisi Jonas, que cuenta con todo detalle cómo uno de los tres hermanos Gupta le ofreció, en presencia de Zuma, ser titular de Finanzas poco antes del cese de su entonces jefe, Nhlanhla Nene.
La Defensora del Pueblo saliente y autora de este documento, Thuli Madonsela, ofrece información también del registro del teléfono móvil (celular) de quien finalmente sustituyó a Nene, Des van Rooyen.
Según la señal de su teléfono, Van Rooyen, quien estuvo apenas unos días en el cargo tras desplomarse el rand con la destitución de Nene, visitó la residencia de los Gupta en Johannesburgo hasta en siete ocasiones en la semana previa a su nombramiento.
Desde el teléfono de Van Rooyen -desplazado al Ministerio de Asuntos Tradicionales y Gobernación, donde sigue- se efectuaron durante esos días numerosas llamadas a la residencia de los Gupta, conforme a datos recogidos en el informe.
Con la misma frecuencia se comunicaban, de acuerdo con datos de las compañías telefónicas, los Gupta y Brian Molefe, presidente de la eléctrica Eskom, que ha concedido a las empresas de los hermanos jugosos dividendos por la provisión de carbón.
Otro testimonio clave es el de la exparlamentaria del Congreso Nacional Africano (CNA) Vytjie Mentor, quien denuncia que los Gupta le plantearon ser ministra de Administraciones Públicas, con la condición de que cancelara la ruta de South African Airways (SAA) a la India.
Originarios del país asiático, de donde se mudaron a Sudáfrica en 1993, los Gupta tienen una compañía de aviación, que habría retomado la ruta abandonada por SAA, y mantienen negocios con un hijo de Zuma.
Además, SAA, la televisión estatal y otras empresas públicas habrían pagado irregularmente grandes cantidades de dinero al diario y las televisiones de los Gupta, que son dueños de la firma de ordenadores Sahara.
Thuli Madonsela terminó el mes pasado su mandato de siete años como Defensora del Pueblo.
Madonsela ya puso contra las cuerdas a Zuma al denunciar los gastos indebidos en la reforma de su residencia privada, de la que el presidente tuvo que devolver medio millón de euros al Estado al declarar el Constitucional vinculante la petición de la Defensora del Pueblo en este sentido.
Su informe sobre la “captura del Estado” por parte de los Gupta es su último trabajo en el cargo.
