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Mundo
lunes 1 de agosto de 2016, 18:28

Un informe alerta del difícil acceso de los niños de la Argentina urbana a los derechos básicos

Buenos Aires, 1 ago (EFE).- Alrededor del 56 % de los menores de edad de zonas urbanas de Argentina no tenía en el último trimestre de 2015 acceso a, por lo menos, un derecho básico, privación que en 19 % de los casos es "severa", según un informe difundido hoy por la Universidad Católica Argentina (UCA).

"La infancia es una de las poblaciones más vulnerables a los ciclos económicos recesivos", lo que se refleja en que la proporción de niños en condiciones de pobreza "es mayor" que en los hogares de jóvenes, adultos y adultos mayores, señaló el estudio.

En ese sentido, mientras que en 2015 residía en hogares por debajo de la línea de pobreza económica el 40,4 % de las personas de 0 a 17 años de edad, las de 18 a 29 años representaban el 31,8 %, las adultas el 24,8% y las mayores de 60 años el 7,6 %.

Esta situación es consecuencia de las "altas tasas de natalidad" que registran las familias pobres, así como la "superior proporción de adultos inactivos" dedicados al cuidado de los más pequeños.

Cabe destacar que entre los niños y adolescentes la pobreza bajó el 3,1 % entre 2010 y 2015, aunque desde 2011 mantiene una leve tenencia al ascenso.

La propensión a la indigencia económica también es más elevada entre los niños (9,2 %), aunque, a su vez, su caída ha sido más pronunciada que en el resto de poblaciones.

Si se aborda la pobreza desde un punto de vista multidimensional, el índice de privaciones de derechos básicos infantiles, alimentación, saneamiento, vivienda digna, salud, estimulación temprana (0 a 3 años), educación y acceso a la información, cayó 6 % entre 2010 y 2015.

Sin embargo, en el último trimestre de 2015, más de 56 % de la infancia se hallaba privada de al menos un derecho básico. Entre ellos, la UCA reconoció una situación de carencia severa en el 19 % de los casos y moderada en el 37 %.

En el ámbito de la vivienda (calidad de la construcción y hacinamiento) y del saneamiento (acceso al agua de red y a un inodoro con descarga), las privaciones alcanzaron al 23 y al 18,7 %, respectivamente, de la población de 0 a 17 años residente en ciudades en 2015.

Asimismo, la situación de hacinamiento crítico (cinco o más personas por cuarto) y la precariedad en los materiales de la vivienda cayeron 1,7 % en el periodo 2010-2015, lo que significa que al menos 7 % de la infancia argentina vive hoy en estas circunstancias.

Por otro lado, el ejercicio del derecho a la alimentación en cantidad y calidad se encontraba vulnerado en 2015 en 19,5 % de la infancia argentina, apenas 2,4 % menos que en 2010.

La UCA señala que los menores que viven en hogares monoparentales continúan siendo "más propensos" a las carencias, algo que se potencia conforme se incrementa la cantidad de niños en el hogar, cuando quien está a cargo de este tiene estudios secundarios incompletos y si reciben algún tipo de asistencia social.

El documento revela que mientras que los hijos de obreros "integrados" salieron de la situación de "privación grave" de manera "significativa" entre 2010 y 2015, los de trabajadores "marginales" no han experimentado cambios.

La UCA destaca que las medidas que se toman con base en la situación monetaria de los hogares son "parciales", ya que solo logran captar "algunos aspectos" de la experiencia de la pobreza.

Por ese motivo, insiste en que es "fundamental" implementar políticas "protectoras de las estructuras de oportunidades" de los niños y adolescentes, como la figura del Defensor del Niño, vigente desde 2005, pero que, sin embargo, "nunca fue nombrado".

La universidad hizo hincapié en que las crisis socioeconómicas empobrecen las "estructuras de oportunidades" como consecuencia de una menor inversión de los Estados en servicios públicos como la salud o la educación, "imprescindibles para el desarrollo humano y para el efectivo ejercicio de derechos en la niñez y adolescencia".

El informe se basó en la Encuesta sobre la Deuda Social Argentina (EDSA), realizada entre 2010 y 2016 sobre una muestra de 5.700 hogares de 17 aglomerados urbanos con más de 80.000 habitantes.