El fiscal superior nacional Luis Landa Burgos devolvió a la fiscal Marcelita Gutierrez un dictamen que emitió el 27 de julio, que archivaba la causa, para que emita nuevo pronunciamiento “integral y unificado”, señaló la página web del diario La República.
Fuentes del Ministerio Público citadas por el medio señalaron que Gutiérrez había archivado el caso tras considerar que Fujimori ni sus ministros de Salud habían cometido delitos de lesa humanidad, ni autoría mediata (con dominio del hecho) en este caso.
Según la información, la fiscal había reservado 75 denuncias o entrevistas a presuntas víctimas, una decisión que fue rechazada por Landa, quien en mayo de 2015 dispuso ampliar la investigación para incluir nuevas evidencias y testimonios.
El fiscal concluyó que Gutiérrez debe emitir un pronunciamiento sobre todos los casos denunciados o recogidos por la fiscalía y le otorgó 30 días de plazo para que emita un nuevo dictamen.
Durante el Gobierno de Fujimori se esterilizó a 272.028 mujeres y a 22.004 hombres, casi en su totalidad pobres, quechuahablantes y de zonas rurales, según el organismo Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).
De esa cantidad, 2.074 mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento o sin ser debidamente informadas del procedimiento, algunas de las cuales fallecieron por complicaciones posteriores a las cirugías.
Los casos de esterilizaciones forzadas se denunciaron a partir del segundo Gobierno de Fujimori, entre 1995 y 2000, y un grupo de víctimas está a la expectativa de que la Fiscalía investigue al exmandatario por esta denuncia.
