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Mundo
lunes 6 de febrero de 2017, 09:37

Un estado brasileño pide apoyo al Ejército tras el caos por la huelga de policías

Sao Paulo, 6 feb (EFE).- El estado brasileño de Espírito Santo, en el sudeste del país, pidió hoy al Gobierno Federal el apoyo del Ejército para garantizar la seguridad pública tras el caos provocado por una huelga de la Policía Militarizada.

"Estamos haciendo todo lo posible para retomar la normalidad en Espírito Santo. Entre las medidas estamos solicitando el apoyo del Gobierno Federal", declaró en un mensaje de video el secretario de Seguridad Pública, André García.

Desde el sábado, familiares de policías militarizados que protestan por mejores salarios, mejoramiento de la flota, renovación de equipamientos y condiciones de salud, han impedido la salida de los agentes de sus cuarteles.

La situación despertó un temor generalizado de la población en Vitoria, la capital regional, y en otras ciudades vecinas, donde las secretarías municipales de Educación y algunas universidades suspendieron el inicio de las clases escolares que comenzaban este lunes.

Decenas de locales comerciales, supermercados y agencias bancarias mantuvieron sus puertas cerradas y no abrieron hoy y los partidos de este fin de semana por el Campeonato Capixaba, que se disputa en ese estado, fueron suspendidos por la falta de seguridad en los estadios.

De acuerdo con García, el Gobierno regional solicitó el apoyo del Ejército "y el presidente (de Brasil, Michel Temer) ya está acertando los detalles para el envío de las tropas".

Familiares de los policías militares encabezan la protesta dado que los agentes tienen estatus de soldados y el Código Penal Militar brasileño castiga con una condena de hasta dos años de prisión su participación en huelgas o manifestacinoes.

El gobierno regional exige el retorno de los policías a las calles para retomar las negociaciones con el sindicato.

La situación de la seguridad pública en Espírito Santo se suma a la crisis penitenciaria en el norte y noreste del país, que en lo que va del año ha derivado en más de 130 muertes en rebeliones de cárceles, particularmente de los estados de Amazonas, Roraiama y Río Grande do Norte.