Cuando en el mes de febrero del corriente año, el presidente Cartes nombró al desconocido Pedro Alliana como su candidato a la presidencia de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, se produjo un verdadero terremoto en el seno de dicha nucleación política.
Un importante grupo de senadores colorados contrarios a la decisión presidencial, aliados al Frente Guasu y a algunos liberales, conformaron una nueva mayoría en el Senado. Desde entonces esta nueva mayoría ha aprobado una serie de nombramientos y de leyes en abierto enfrentamiento a la agenda del presidente.
El primer enfrentamiento fue el nombramiento de Linneo Ynsfrán para la Corte Suprema de Justicia, que fue bloqueado por el presidente al no prestar su acuerdo, pero que dejó al país con un miembro menos en la Corte Suprema y sin saber cómo proceder para llenar dicha vacancia.
El segundo enfrentamiento fue el nombramiento de Enrique Bacchetta, en reemplazo de Óscar González Daher, como representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que parece que nuevamente va a ser bloqueado por el oficialismo, con la acción de inconstitucionalidad presentada.
Estos nombramientos fueron apoyados por el Frente Guasu a cambio de la aprobación de varias leyes que desde hace tiempo son de su interés.
La semana pasada fueron aprobadas las dos primeras leyes –la de Informconf y la de tarjetas de crédito– que con el argumento de ayudar a las personas con problemas económicos, a eliminar su nombre de la base de morosos y a reducir las tasas de interés por ley, lo que conseguirán en la practica, es la desaparición del crédito a las microempresas y a las personas de escasos recursos.
Esta semana aprobaron sobre tablas la ley que expropia más de 11.000 hectáreas de Favero a favor del Indert, para la realización de la reforma agraria. Nadie discute la legalidad de dicha ley, pero un tratamiento sobre tablas, sin consultar con el organismo que va a recibir la tierra como es el Indert y sin consultar con el organismo que debe pagar la expropiación como es el Ministerio de Hacienda, es en el mejor de los casos de una increíble irresponsabilidad.
Ahora se anuncia que en las próximas semanas va a aprobarse una ley que prácticamente matará la alianza público-privada, justo cuando estamos a las puertas de realizar las primeras adjudicaciones.
Y también se anuncia la aprobación de leyes que crearán dos impuestos nuevos –el del tabaco y el de la soja– para afectar a los negocios privados del presidente. En el caso de la soja, la creación de este nuevo impuesto se plantea justo cuando el precio internacional ha bajado de 600 dólares a 360 dólares la tonelada.
Felizmente, estamos seguros de que todas estas leyes, van a ser rechazadas en la Cámara de Diputados o eventualmente vetadas por el presidente de la República.
Al final, no pasará nada, pero todos vamos a perder en este juego perverso. Pierde el Senado que se desprestigia enormemente con todas estas aprobaciones; pierde el presidente que va a verse obligado a vetar dichas leyes, con el consiguiente desgaste que esto significa, y pierde el Paraguay al transmitir al mundo, la imagen de un país poco serio y consecuentemente de alto riesgo.
Esto es lo que los analistas llaman el “riesgo político” y por culpa del mismo, el Paraguay no logra una mejor calificación crediticia, a pesar de su excelente desempeño económico.
Este enfrentamiento político se realiza justo cuando el Paraguay estaba mejorando su imagen en el exterior y justo cuando la economía nacional empieza a enfrentar turbulencias por la crisis de nuestros vecinos y por la caída del precio internacional de nuestros commodities.
Los políticos, en lugar de estar dedicados a minimizar estas dificultades, han privilegiado la politiquería y el populismo.
Es una enorme irresponsabilidad lo que están haciendo, llevándonos a este empate trágico..., donde nadie gana y todos perdemos.