¿Por qué los trabajadores privados estamos obligados a tributar a un pésimo seguro público, el IPS, mientras a un diputado, un ministro de la Corte o un funcionario del Banco Central le pagamos un seguro privado prémium con dinero del Estado?
¿Por qué desde marzo del 2011 a la fecha, el salario mínimo de los trabajadores privados solo recibió un ajuste del 10% mientras que los salarios públicos se incrementaron en un promedio del 40% en el mismo periodo?
¿Por qué los funcionarios del Estado, que representan menos del 11% de los trabajadores del país, tienen un ingreso promedio de más de tres millones de guaraníes cuando que el ingreso promedio del 89% restante es de menos de un salario mínimo?
La respuesta a todas estas preguntas es simple y perturbadora: Porque el Estado, lejos de intentar reducir la brecha entre clases sociales, ha generado un sistema de castas que provoca que una minoría tenga todos los privilegios –pagados con dinero público– y una inmensa mayoría sobreviva con una ínfima cobertura social.
Es un Estado que pasó de gastar 500 millones de dólares en salarios públicos en 2004 a más de 3.000 millones de dólares a la fecha.
¿Por qué un funcionario debería tener una jubilación y un seguro médico distintos de los que tiene el privado? ¿Por qué un senador o un funcionario de Hacienda no aporta al IPS, y el Estado pone su parte como empleador? ¿Acaso es porque el IPS está colapsado? Pues entonces la obligación del Estado es encontrarle una salida al IPS, no utilizar sus recursos para salvar de esa situación a unos pocos funcionarios.
Estas burbujas de fantasía creadas por el Estado llevan tanto tiempo que quienes viven en ellas han perdido noción de la realidad. Los funcionarios del Itaipú, por ejemplo, que perciben unos salarios y unos beneficios de primer mundo, y que –salvo honrosas excepciones– ingresaron sin concursar, se han creído el cuento de que no son funcionarios públicos, y de que cualquier gasto excepcional en sus beneficios está justificado porque mantienen una empresa superavitaria.
Esto es ignorancia o cinismo. La binacional es una empresa pública con la única particularidad de que pertenece a dos Estados. Lo segundo es que las características de una hidroeléctrica convierten en principal generador de rentabilidad a un fenómeno natural, la fuerza del río. No puede perder. Nunca.
El hecho de que cualquier salario, por astronómico que fuese, pase desapercibido, por los volúmenes que maneja una empresa de las dimensiones colosales de Itaipú, no corrige el entuerto. Los salarios que paga la binacional son inmorales para la realidad de la economía del país copropietario de la empresa.
Es un buen ejemplo de lo que sigue siendo la esencia del Estado paraguayo, un vampiro gigantesco que nos chupa la sangre a todos para compartirla con unos pocos.
En los países viables el Estado es la principal herramienta para construir una mayor equidad social, aquí es una fábrica para producir nuevos ricos y garantizar la multiplicación de pobres.
