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Política
jueves 13 de octubre de 2016, 01:00

Un desesperado Ferrer peleó para que le aprueben una expropiación

Un proyecto de ley por medio del cual se declara de utilidad pública y expropia a favor de la Municipalidad de San Lorenzo dos inmuebles ubicados en el barrio Barcequillo, para apertura de una calle, generó un largo debate ayer en la Cámara de Diputados.

El proyectista, el colorado Néstor Ferrer, hijo del intendente sanlorenzano colorado Albino Ferrer, se mostró desesperado por la aprobación del documento, aún cuando sus propios correligionarios cuestionaron su iniciativa.

El también colorado Fernando Ortellado fue el primero en oponerse y señaló que la presentación de Ferrer contaba solamente con una copia de la nota presentada por el intendente de una resolución de la Junta Municipal, donde se autoriza a la intendencia a iniciar los trámites de expropiación ante el Parlamento.

Otros legisladores que hablaron al respecto manifestaron que el proyecto no cuenta con un mapa georreferencial y que tampoco entendían por qué se pretende la expropiación de dos terrenos, cuando lo que se necesitan son unos cuantos metros para abrir una calle.

Propusieron el aplazamiento y la vuelta a comisión para un mejor análisis, pero la oposición de Ferrer se hizo sentir.

Finalmente, los legisladores decidieron aprobar en general el documento, dejar el estudio en particular para dentro de ocho días y remitir el documento de nuevo a comisiones para un mejor estudio de las medidas necesarias a expropiar. Recientemente, Ferrer también solicitó la expropiación de una propiedad municipal a favor de una seccional colorada, que usurpa una propiedad donada para plaza.

RETIRO VOLUNTARIO. A pesar de que los liberales se opusieron en un principio, en la sesión de ayer aprobaron con modificaciones una ampliación presupuestaria para el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

Los azules expresaron su oposición, debido a que los G. 20.000 millones de ampliación solicitados son para gastos corrientes. Indicaron que el pedido no estaba muy alejado de lo que son las polémicas gratificaciones.

Como una alternativa intermedia, consensuaron derogar una parte del proyecto, donde se estipulaban G. 800 millones para financiar el programa de retiro voluntario de 26 funcionarios, gastos judiciales y la devolución de sumas correspondientes a expedientes.