28 mar. 2024

Un decreto que agrede al país y acelera el fin de los bosques

Con un decreto que da luz verde a la deforestación, el Gobierno comete un atentado contra el ecosistema cada vez más golpeado a raíz de fenómenos ambientales causados por medidas irracionales y perversas. Es inadmisible que por favorecer a los agricultores que trabajan a nivel empresarial y son una minoría se condene al resto de la población a sufrir las consecuencias de la depredación, como las tormentas que destruyen poblados, la contaminación de ríos y arroyos, la desaparición de especies de la fauna y la flora y generan problemas de salud en humanos. Por ello es necesario rever el documento, para volver a redactarlo atendiendo al criterio del beneficio de la mayoría.

En el mundo solo hay dos tipos de gobernantes: los que con sus decisiones tratan de favorecer los intereses de las grandes mayorías y los que usan su poder para beneficiar a minorías privilegiadas. Con el Decreto 7702, el presidente Horacio Cartes se ubica entre los mandatarios de esa segunda categoría, porque ignora que la preservación de la naturaleza es un valor supremo que atañe nada más y nada menos que al futuro de los habitantes del país y, en última instancia, a su supervivencia.

Con su determinación de derogar dos decretos que reglamentaban de manera razonable y aceptada por los defensores del medioambiente el artículo 42 de la Ley Forestal, deja con manos libres a los depredadores de la naturaleza, que con tal de generar riqueza para sí mismos arrasan todo lo que les impida sembrar soja, maíz u otras plantas. Con el nuevo régimen instaurado por la normativa vigente, aquellos propietarios de más de 20 hectáreas de tierra ya no tendrán la obligación de dejar en sus parcelas un 25 por ciento de bosques o de obtener licencias ambientales que estén en la misma ecorregión de sus cultivos. Se les da vía libre para que el espacio físico de lo adquirido pueda estar en cualquier parte de la República.

La consecuencia de esto ya se sabe: se talarán árboles a mansalva en las zonas forestales y se “conservarán” montes en lugares remotos –en alguna parte del Chaco, por ejemplo– donde la incidencia de la masa boscosa no sea tan gravitante en el ambiente en el que los seres humanos y la naturaleza tienen que vivir en forma sustentable.

La Constitución, en su artículo 128, dice que “en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general”. El artículo 7 señala que “toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado”. El decreto del Poder Ejecutivo viola los dos principios porque está a favor de un sector al que solo importa el lucro y no el bien colectivo y condena a la gente a vivir en espacios físicos degradados y desequilibrados.

Ante esta realidad fáctica, las organizaciones ambientalistas ya han hecho saber a la opinión pública su rechazo, al tiempo de advertir el peligro que conllevará su implementación. Mirando el aumento del perjuicio a un país donde la deforestación inmisericorde ya le está causando cuantiosos daños como el viento a una velocidad de 137 kilómetros que acaba de causar estragos en Itacurubí de la Cordillera, San José de los Arroyos, Coronel Oviedo y otras localidades, es necesario rever el decreto y volver a redactarlo desde la perspectiva del interés general.

Es cierto que aún con un decreto que defienda los últimos bosques de algunas ecorregiones los depredadores con poderes económico y político continuarán agrediendo a la República. Aun así, como un acto de esperanza, es imprescindible contar con una normativa que no dé luz verde a los asesinos de los bosques. Será un aliciente para seguir luchando por el presente y por el futuro.