“Efectivamente, hemos recibido la información de que Gularte está en la lista” de nueve extranjeros, declaró un portavoz del Gobierno, que declinó anticipar qué medidas adoptará la presidenta Dilma Rousseff tras el que sería el segundo fusilamiento de un brasileño en Indonesia en lo que va de este año.
Medios locales han dicho que la familia de Gularte, que reside en el sureño estado de Paraná, fue informada hoy por las autoridades de Indonesia de que la ejecución será “a partir del próximo martes”, después de que se dieron por cumplidos todos los “trámites legales”.
La prensa brasileña también citó declaraciones del abogado de Gularte en Indonesia, Ricky Gunawan, quien consideró la decisión “absurda”, sobre todo porque se “ha probado” que el brasileño padece de esquizofrenia y, en su opinión, las propias leyes de esa nación asiática impiden ejecutar a una persona con “problemas mentales”.
Según aseguraron las mismas fuentes, Gunawan intentará el próximo lunes un último pedido de clemencia, apoyado nuevamente en el diagnóstico de esquizofrenia que ha sido avalado por las propias autoridades indonesias.
El pasado 17 de enero, el brasileño Marco Archer Cardoso Moreira fue ejecutado también en Indonesia, donde al igual que Gularte había sido condenado a muerte por narcotráfico.
Roussef, cuyo Gobierno había abogado sin éxito por su vida, reaccionó con “consternación” e “indignación” y llamó a consultas al embajador brasileño en Yakarta, quien todavía no ha regresado a su puesto.
En febrero pasado, ante la indiferencia de Indonesia por los pedidos de clemencia que interpuso por las vidas de Cardoso Moreira y Gularte, Rousseff se rehusó a recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de ese país asiático en Brasil.
El diplomático indonesio Toto Riyanto debía entregar sus cartas credenciales junto a nuevos embajadores de otros países, pero fue informado de que la presidenta no las recibiría.
“Creemos que es importante que haya una evolución de la situación para tener claro en qué condiciones están nuestras relaciones con Indonesia”, declaró Rousseff al justificar su decisión.
En respuesta, el Gobierno de Indonesia también llamó a consultas a su embajador y presentó un protesta formal a las autoridades brasileñas por un “gesto” que consideró “inaceptable”.
