Este caso pone de relieve la calidad de la clase política irresponsable y peligrosamente populista, cuya visión patrimonialista del Estado empuja al país cada vez más al fondo.
Y sin esperanzas de salvación.
El caso docente. La propuesta de modificación de la ley que plantea ampliar los beneficios jubilatorios al sector docente fue un regalo del Congreso anterior y tiene como uno de los principales ideólogos al entonces senador colorado Rogelio Benítez, que planteó la propuesta en plena etapa final de la campaña presidencial del 2013. Sin duda, el fin era meramente electoralista. El sector docente no solo es una base electoral colorada como votante pasivo, sino de activa participación en las elecciones como operadores. El magisterio nacional tiene 91.933 aportantes, mientras que los jubilados docentes suman, aproximadamente, 19.000.
La propuesta de Benítez, hoy al frente de la agónica empresa estatal Copaco, tuvo apoyo de legisladores liberales. En este asunto de dar aumentos sin tener en cuenta la sostenibilidad fiscal también se suman alegremente los izquierdistas.
¿Cuáles son los nuevos beneficios? La ley aprobada automáticamente concede la jubilación a los docentes a los 28 años de servicio con el 93% de sus últimos sueldos, y con 25 años de servicio, con el 90%, entre otros, sin aportar un centavo más. A los cuestionamientos, responden que policías y militares tienen mejores privilegios, lo que también es cierto.
Desde el Ministerio de Hacienda, a voz en cuello gritan que la ya deficitaria Caja Fiscal no da más y vaticinan su colapso en unos años más. ¿De qué servirá una buena jubilación en los papeles?
Una jubilación se logra con el aporte a lo largo de los años. No se puede, de golpe y porrazo, aumentar nada más si anteriormente no hubo aporte. Suena lindo y hasta es un asunto de justicia, pero en términos financieros, la única realidad son los números.
La Caja Fiscal está en quiebra y su salvación tiene un solo nombre: más impuestos que recaerán sobre todos los paraguayos. Y aquí ya entramos al terreno de la injusticia. Toda la población debe pagar por la irresponsabilidad y la corrupción de los administradores. Ya el Estado tuvo que auxiliar a la caja bancaria que fue a la quiebra por las mismas razones.
caridad con el dinero ajeno. El Congreso ha demostrado a lo largo de la transición que no tiene la más mínima racionalidad a la hora de aprobar números. El Presupuesto General de la Nación es un ejemplo anual de la irracionalidad parlamentaria. Los tiempos electorales son los más delicados porque aparece cada proyecto populista disfrazado de subsidio. El IPS es una de las víctimas. Por ley obligan a la previsional a aceptar miles de nuevos beneficiados, sin tener en cuenta los aportes.
En este caso, los diputados ni siquiera se tomaron la molestia de debatir el proyecto. Dejaron que se sancione automáticamente, dejando el problema en manos presidenciales. Un craso error: el Parlamento es donde deben debatirse estos asuntos, pero una vez más primó la irresponsabilidad.
justicia vs. realidad. A la hora de debatir justicias y equidades no hay dudas de que todos tienen derecho a una jubilación digna. El gran tema es la sostenibilidad de los programas. Los trabajadores privados están obligados a aportar como mínimo al IPS 25 años para jubilarse a los 60 años. O a los 55 años con 30 años de aporte, pero el IPS está haciendo agua con tantos que entran por la ventana. Claro, esto es en el mundo privado y aquí no hay privilegios. Se cumple la ley y punto, y no hay hijos que valgan siquiera un día para restar años laborales.
Por eso en este debate debe primar la racionalidad y no el populismo, que solo funciona en tiempos de prosperidad.
todos culpables. En este vito del dinero público, hay culpables en todo el arco de la clase política. Si bien los colorados son los responsables principales porque han co-optado el Estado en estas décadas de gobierno, en algún momento debe haber un gran pacto para frenar la sangría. No puede ser que un Estado sobredimensionado siga contratando funcionarios públicos en áreas innecesarias.
Hoy, la ANR vuelve a estar en el poder y es la mayor responsable de la administración del Estado. El Ejecutivo anuncia que vetará. La pregunta es: ¿acompañarán los legisladores y, especialmente, los colorados esta decisión, o tomarán una vez más el fácil camino del populismo y la irracionalidad?
