Gracias a la denuncia de la prensa y de los ciudadanos, el año pasado hubo alentadores resultados con respecto a la corrupción. No solo se dieron a conocer los nombres y los abusos de legisladores y funcionarios públicos, sino que, con la intervención del Ministerio Público, algunos de ellos hasta fueron a parar a la cárcel de Tacumbú.
Baste recordar el emblemático caso del ex rector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) Froilán Peralta, quien había convertido la principal casa de estudios terciarios solventada por el Estado en un feudo personal. Las denuncias de sus abusos en el uso del dinero público y la asignación de cargos docentes a personas que ni siquiera cuentan con títulos universitarios generaron la saludable reacción de los estudiantes. Gracias a ello se inició un proceso de cambio en esa universidad.
El otro caso ejemplar fue el de la Contraloría General de la República. Allí, sus dos principales autoridades también abusaron de su poder al privilegiar a unos cuantos funcionarios pagándoles horas extras que no correspondían y salarios muy elevados. La presión ciudadana, finalmente, logró desalojarlos de la institución de control que ni siquiera se controlaba a sí misma.
No hay que olvidar a Alberto Ramírez Zambonini, ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) quien con un amigo y correligionario –del Partido Liberal Radical– repartió cargos como si el organismo electoral fuera su propia empresa.
El 2015 estuvo marcado por la profundización de la lucha en contra de los funcionarios públicos corruptos. No hay que considerar, sin embargo, que el objetivo de adecentar y transparentar los organismos del Estado está logrado. Solo ha comenzado, con algunos resultados importantes e inéditos, la lucha frontal contra la plaga de la corrupción.
Todos los procesos por corrupción siguen en curso. Si bien hay diputados y senadores que fueron desaforados para responder ante la Justicia y existen funcionarios públicos de alto rango imputados por haber defraudado la confianza depositada en ellos, ninguno cuenta con veredicto judicial que los condene a prisión y les obligue a devolver el dinero público que usaron como si perteneciera a su peculio personal.
Por lo tanto, la tarea ciudadana y de los organismos del Estado vinculados a la persecución de los corruptos para el año que se inicia será estar muy atentos a las instancias judiciales en las que estén los casos de los investigados por tráfico de influencia, lesión de confianza y cobro indebido de honorarios, entre otros delitos tipificados.
No va a ser fácil condenar a los corruptos. Aun así, es necesario persistir e insistir en la necesidad de que sean castigados de una buena vez. Que así sea dependerá, en gran medida, de la fortaleza ciudadana.