BRASILIA - BRASIL
El presidente brasileño, Michel Temer, cumplió ayer un año de gobierno efectivo, bajo la amenaza de volver a enfrentar una denuncia por corrupción, con la economía aún en crisis y su popularidad en el suelo, pero con un fuerte apoyo del Congreso.
Las turbulencias políticas que hace un año llevaron a la destitución de Dilma Rousseff por supuestas irregularidades fiscales y a la ascensión al poder de Temer aún no se superan, condicionan la recuperación económica del país y mantienen la incertidumbre.
Temer, como vicepresidente, sustituyó a Rousseff en mayo de 2016, cuando comenzó el proceso de destitución, y luego fue confirmado en el cargo cuando, hace hoy un año, se concretó el desalojo de la mandataria, acusada de irregularidades presupuestarias.
El nuevo Gobierno impuso una agenda económica liberal acorde con lo que exigían los mercados y los empresarios, recortó a mínimos el gasto público, reformó las proteccionistas leyes laborales y avanzó en una propuesta para endurecer el acceso a las jubilaciones, entre otras polémicas medidas que le costaron un fuerte rechazo social.
Con su popularidad en mínimos históricos del 5%, según recientes encuestas, Temer se apoyó en un Congreso claramente conservador que se volcó en favor de sus reformas, pero se le atravesó la corrupción que ya había minado la imagen de Rousseff y ayudado a la pérdida de su poder político.
En mayo pasado, ejecutivos de la empresa JBS declararon ante la justicia que sobornaban a Temer desde 2010 y que incluso mantuvieron esas prácticas una vez que asumió el poder, tras lo cual la Fiscalía acusó formalmente al mandatario de corrupción pasiva.
La denuncia llegó en momentos en que la frágil economía de Brasil insinuaba una recuperación tras caer casi siete puntos porcentuales entre 2015 y 2016 y volvió a alborotar el clima político, al punto de que en la propia base oficialista hubo quien exigió la renuncia de Temer.