Decenas de denuncias llegaron hasta la Redacción por parte de docentes, militares, políticas y hasta trabajadores de la Presidencia de la República, a quienes se les hacía firmar contratos por la supuesta compra de un aparato electrónico, pero que en realidad se les entregaba dinero en efectivo.
La Fiscalía comprobó posteriormente que se les hacían firmar duplicados de los contratos, que no eran otra cosa que dobles o triples pagarés.
Cuando una persona terminaba de pagar el monto de una deuda –que de por sí tenía una tasa de interés superior al límite no usurario que dispone mensualmente el Banco Central del Paraguay– automáticamente iniciaba el descuento automático del siguiente pagaré.
Algunos lectores que pidieron el anonimato por temor a represalias, comentaron a este diario que inclusive habían perdido propiedades debido a que los intereses de sus compromisos eran extremadamente altos.
El Ministerio Público logró identificar a unas 60 empresas que operan bajo este esquema; a algunas de ellas, para no iniciar un juicio, se instó a una conciliación entre el deudor y la firma en cuestión.
La Cámara de Diputados otorgó hace una semana media sanción al proyecto de ley de libranzas (descuento automático), blindando hasta un 50% el salario del trabajador. En esto caso, la normativa alcanza tanto al empleado público como el privado.
