La fiscala Teresa Sosa, que investiga el caso de compra de notas no descarta nuevas imputaciones, ya que la investigación por la compraventa de calificaciones en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica prosigue. Hasta el momento fueron imputados 23 estudiantes y 3 funcionarios (ver infografía).
La agente fiscal explicó que los interventores de la UCA están realizando una auditoría y de acuerdo a esta investigación proporcionada por el equipo, la Fiscalía está verificando las informaciones y se van haciendo las imputaciones, por lo que no descarta que surjan más incriminados.
El coordinador del Comité Interventor de la UCA, doctor Antonio Tellechea, aseguró ayer en el mismo sentido que la fiscala que podrían surgir más imputados, teniendo en cuenta que fueron seis los funcionarios descontratados por la casa de estudios a raíz de la investigación.
El ex decano y rector de la UCA comentó que, además de los tres funcionarios procesados, existen otros tres empleados que fueron descontratados por la UCA, pero que la Fiscalía no encuentra hasta el momento elementos conclusivos que prueben la participación de los mismos en el caso. “Para nosotros los indicios son muy fuertes, están implicados, por eso fueron separados de sus cargos”, resaltó Tellechea.
Más revisiones. La culminación de la intervención está prevista para el 10 de octubre. Aún falta el análisis de las actas de los años 2009, 2010 y 2011. “Vamos a ver qué pasa en estos tres años, no creo que haya tantas irregularidades como en el año 2013 que fue un desastre”.
La desconfianza es el pan de cada día en la Facultad de Derecho. El interventor comentó que hay funcionarios que por “solidaridad” quieren retardar o afectar la investigación “lastimosamente”.
En la sede central de la UCA sobran los chismes de pasillo y la desconfianza. Tanto que al iniciar la intervención, se tuvo que optar por recontratar a funcionarios de confianza, algunos incluso ya jubilados.
El enojo por parte del estudiantado se siente en las aulas y en las redes sociales. Los alumnos piden un castigo para los compranotas tanto en el ámbito judicial como de la casa de estudios. Los implicados en la compraventa de notas pueden ser castigados por la Justicia con seis meses o hasta cinco años de pena privativa por producción de documento no auténtico y alteración de datos relevantes para la prueba, que guarda relación a la adulteración informática.
