“El Tribunal de Cuentas tiene apenas unos diez funcionarios administrativos activos para el control de todas estas instituciones”, subrayó la directora jurídica.
Del Pozo agregó que la CGR se constituyó con la Carta Magna del año 1992, y cuenta con personal, infraestructura y presupuesto preparado y adecuado para auditar a fondo a los entes del Estado, lo que no se da en el caso del Tribunal de Cuentas.
“Tenemos el personal técnico administrativo adecuado para hacer una actividad de control con base en las normas de auditoría aplicables al sector público, y tenemos la infraestructura en insumos, móviles que distribuyen a los auditores a distintos puntos del país para hacer inspecciones in situ de obras, existencia de documentos, tiene forma de cotejar la correspondencia de los papeles con los hechos. Sin embargo, si los documentos solamente van al Tribunal de Cuentas, no podría verificar ni siquiera la autenticidad de una factura, desde el punto de vista tributario, porque esa es también una investigación que la Contraloría hace”, señaló.
