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lunes 11 de julio de 2016, 13:51

Tribunal aplica fuerte condena a campesinos sin tener evidencias contundentes

El Tribunal de Sentencia condenó a Rubén Villalba y a Luis Olmedo Paredes a 30 años y 20 años de prisión, respectivamente, a pesar de no tener elementos contundentes por parte del Ministerio Público para vincularlos con la muerte de policías durante la matanza de Curuguaty. Mientras que los demás labriegos recibieron penas que van entre los 18 y 4 años de cárcel.
Los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito Ramón González y Samuel Silvero dieron este lunes la lectura de la sentencia del juicio oral y público que se llevó adelante por la matanza de Curuguaty, donde 11 campesinos y 6 policías perdieron la vida.

Antes de leer las condenas, Zelaya dijo que se llegó al veredicto respetando todos los principios establecidos en la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal.

“Decimos esto porque, como es de público conocimiento, en torno a este juicio se crearon diversas conjeturas, opiniones, valoraciones, suposiciones y tergiversaciones por diversos sectores de la sociedad", expresó.


El Tribunal de Sentencia condenó a Rubén Villalba y a Luis Olmedo Paredes por homicidio doloso agravado, tentado y consumado; invasión de inmueble y asociación criminal. El primero recibió una pena de 30 años de prisión, más 5 años de medidas de seguridad, y el segundo, 20 años de prisión.

Néstor Castro y Arnaldo Quintana recibieron penas de 18 años de prisión por la comisión de los hechos punibles de homicidio doloso agravado, tentado, asociación criminal e invasión de inmueble.

Mientras que Lucía Agüero, María Fani Olmedo y Dolores López Peralta recibieron penas de 6 años por los delitos de homicidio doloso agravado tentado, asociación criminal e invasión de inmueble en calidad de cómplice.

Por último, Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramón Ramírez y Adalberto Castro Benítez recibieron una condena de 4 años de cárcel.

Al momento de esgrimir los delitos por los cuales fueron condenados los labriegos se desató la indignación de los familiares y ciudadanos que estaban en el interior de sala. "¡Injusticia, injusticia, injusticia!" y "¡Libertad a los presos por luchar!", fueron los gritos que retumbaban en la sede judicial.

Por esa situación se ordenó un receso y el presidente del Tribunal de Sentencia solicitó la expulsión de la sala de todos los presentes. Cascos azules ingresaron al recinto tratando de restablecer el orden.

Una fuerte presión ya se tenía desde hace varios días porque familiares, representantes de sectores sociales y de derechos humanos y ciudadanos autoconvocados realizaron una vigilia frente al Palacio de Justicia de Asunción. En la misma sala de la sede judicial se vivió un ambiente tenso.

También se realizó una marcha con una importante cantidad de personas desde la plaza Italia hasta la sede judicial, horas antes de la lectura de sentencia. Durante la movilización exigían la absolución de los once procesados. En todo momento cuestionaron la investigación fiscal y las irregularidades en el desarrollo de la causa.

ACUSACIÓN.
Para la acusación de los campesinos, la Fiscalía presentó evidencias como 7 balas sin percutir, un cinturón negro calibre 12, 11 balas calibre 12, cédula de los Santos Agüero, G. 24.000, documentos varios y billetera negra, casco verde, dos semillas de coco, una botella de gaseosa Niko, una botella de 1/4 de Fortín, un cortauñas, una pinza, cinco monedas de G. 100, una caja de cigarrillos, entre otras cosas.

El juicio oral y público inició formalmente en noviembre del 2015 con las audiencias. El juzgamiento tuvo momentos cambiantes para las partes, desde la sustitución del principal fiscal del caso Jalil Rachid, que pasó a ser viceministro de Seguridad.

Durante sus alegatos, los fiscales Liliana Alcaraz, Nelson Ruiz y Leonardi Guerrero solicitaron altas penas para los procesados. Incluso, cambiaron su acusación inicial de homicidio doloso tentado a consumado.

Es que, cuando se inició el juzgamiento, Rachid había señalado que no se podía determinar quién mató a quién, por lo que solo acusó por tentativa de homicidio. Sin embargo, en los alegatos finales, Rubén Villalba y Luis Olmedo fueron señalados como los que mataron al subcomisario Erven Lovera, quien encabezó el procedimiento policial aquel 15 de junio.

Con ello, para Villalba pidieron la máxima pena de 30 años de cárcel y 10 años de medidas de seguridad, mientras que para Olmedo requirieron 25 años de cárcel. Luego, solicitaron sanciones de entre 20 y 5 años de encierro para todos.

Según el Ministerio Público, se probó que los procesados invadieron las tierras de Campos Morombí y se prepararon para emboscar a los policías. Para hacerlos ganar su confianza, tuvieron a mujeres y niños, que luego se retiraron y así después emboscaron a los uniformados.

DEFENSA.
Las defensas en todo momento coincidieron en que todo fue un montaje con un fin político, que fue por la destitución del entonces primer mandatario, Fernando Lugo, y que durante todo el proceso, a pesar de los 196 testigos, no se probó absolutamente nada.

Señalaron que las tierras de Marina Cué, en donde ocurrió el trágico suceso, son propiedad del Estado paraguayo, con lo que la denuncia inicial del abogado Víctor Peña Gamba, de Campos Morombí, era nula y no podía hacerse ningún operativo.

Además, señalan que las armas que tenían los campesinos en su mayoría eran obsoletas y no podían ser usadas para matar. Es más, refieren que los policías sí tenían armas con mayor poder de fuego, con las que mataron a los campesinos. Incluso, hablaron de ejecuciones.

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