La Cámara de Apelaciones de Canindeyú, integrada por Carlos Domínguez, Guillermo Zillich y María Belén Agüero, no dio lugar a la recusación planteada por el abogado Pablo Aguayo, defensor de Lucía Agüero, una de las acusadas por la matanza de Curuguaty, informó el periodista de ÚH, Raúl Ramírez.
Parcialidad, falta de independencia y arbitrariedad fueron los motivos por los cuales la defensa decidió recusar a los magistrados integrantes del Tribunal de Sentencia de la causa. Los mismos son: el presidente Ramón Trinidad Zelaya, Óscar Ramón González y Samuel Silvero.
El abogado tomó esa decisión luego de que fuera rechazado su pedido de postergación del juicio oral y público, debido a que recibió los expedientes del caso un día antes y necesitaba tiempo para interiorizarse. Otro de los incidentes fue la falta de intérpretes del idioma guaraní.
Citó la Carta Magna, el Pacto de San José y el Código Procesal Penal como argumentos para tener un plazo razonable.
Tras la recusación, el juicio contra los 12 acusados por el trágico suceso ocurrido en el 2012, quedó suspendido en la víspera por quinta vez. Ahora, se debe comunicar a las partes sobre la confirmación del Tribunal de Sentencia y, posteriormente, fijar una nueva fecha para la diligencia.
Los abogados del caso, Pablo Aguayo y Víctor Azuaga, afirmaron que supuestamente hay una “orden de afuera” para los jueces sobre cómo llevar el juicio.
CRÍTICAS. “Fueron testigos de la parcialidad de este Tribunal, estos magistrados no pueden juzgar esta causa y deben apartarse. Ellos están pagados por alguien, este Tribunal debe desaparecer”, fueron las palabras del abogado Víctor Azuaga a los medios de prensa.
“Esta es una Justicia politizada. No puede ser que estos campesinos no tengan justicia, estos campesinos son inocentes”, sostuvo.
Azuaga incluso pidió la reapertura de la investigación y que se le castigue a los verdaderos responsables, que no están incluidos en la investigación fiscal. “Están los grupos de poder detrás de esto”, sentenció.
El Tribunal de Sentencia ya fue recusado en dos ocasiones. En la primera lo hizo el abogado Víctor Azuaga, quien tiene a su cargo la defensa de 11 campesinos. En ambos casos, fueron rechazadas.
PROCESO. El Ministerio Público acusó a los labriegos por delitos que van desde asociación criminal e invasión de inmueble hasta homicidio doloso en grado de tentativa. Los procesados por esta última causa se exponen a la pena máxima de 25 años de cárcel.
Por esta causa están procesados: Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fanny Olmedo, Dolores Peralta, Alcides Ramón Ramírez y Juan Carlos Tillería.
