Esto, a raíz de que el mismo haya oficiado de vocero en la sesión pasada en torno a denuncias de nexos de políticos con narcotraficantes.
Aparte del legislador, también se habla de otros más que estarían en la mira. El propio titular de la Secretaría Antidrogas, Luis Rojas, habló de posibles represalias.
En momentos en que en Senado se estaba exhibiendo un Power Point sobre datos proveídos por la Senad y que involucraban a diputados, la Cámara Baja se convirtió en hervidero de insultos que se centraron contra Giuzzio.
De acuerdo a las informaciones que se manejan, hubo varios funcionarios de Diputados que fueron enviados hasta el Senado para recuperar los audios de las declaraciones de los senadores.
Ya en la sesión, tras la exposición de Giuzzio, el colorado Enrique Bacchetta insistió en que su colega ofició de vocero de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico.
Los senadores decidieron hacerse cargo de las denuncias y quedó confirmado que el próximo lunes se hará llegar el informe a la Fiscalía.
Bacchetta volvió a hacer referencia, ayer, a la situación, reiterando que Giuzzio se limitó a presentar al pleno los informes de la Senad.
Refirió que las pruebas que comprometen a los diputados colorados Bernardo Villalba, Freddy D’Ecclesiis y Marcial Lezcano, y otros políticos, con actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico, provienen de la Secretaría Antidrogas.
Negó que se trate de un “pase de factura”, tal como acusaron los diputados que fueron involucrados.
“Hemos mostrado todo lo que él (Rojas) nos manifestó y los materiales que nos dio. Nosotros creímos pertinente trasladar al pleno para que conozca la cuestión”, indicó.
Trajo a colación que los senadores decidieron asumir una denuncia formal ante la Fiscalía, de tal manera que se pueda iniciar una investigación en base a los documentos entregados por la Senad.
Sostuvo que no podían ser irresponsables y limitarse a guardar la información al interior de la comisión.
En cuanto a los afectados, Bacchetta refirió que tienen el derecho a la defensa, recordando que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, conforme a lo que establece la propia Constitución Nacional.