Las tiendas de campaña y los colchones volvieron a integrarse en el paisaje del campus, ubicado en San Lorenzo (Gran Asunción), mientras las fachadas de las principales facultades se recubrieron de carteles denunciando presuntas irregularidades en la universidad.
Los estudiantes se organizan por turnos para vigilar la entrada de personas a la universidad, así como para las tareas de logística, seguridad, comunicación con la prensa, alimentación y organización de debates y otras actividades, y el campus se ha transformado de nuevo en una gran comunidad.
Actualmente, doce facultades y tres institutos dependientes de la UNA se han llamado a paro indefinido, y desde hace ocho días los universitarios mantienen la toma del Rectorado, una medida que hace exactamente un año llevó a la dimisión del entonces rector, Froilán Peralta, acusado de liderar una trama de corrupción.
“El año pasado teníamos una cara de la corrupción a la que queríamos echar de la UNA. Entonces nos dimos cuenta de que hay también una estructura que sostiene esa corrupción, y por eso para nosotros lo primordial es cambiar el estatuto de la UNA”, explicó a Efe Janina Cardozo, estudiante de Enfermería de la universidad.
Como consecuencia de la no reorganización que demandan los estudiantes, Cardozo agregó que “este año volvimos a la toma, porque no se dan las condiciones que queremos de una universidad paritaria y con cogobierno”.
Cardozo declaró que, tras la revuelta del pasado año, se han producido algunos “avances”, debido a que varias facultades “sanearon” sus estructuras y eliminaron parcialmente la corrupción, pero aclaró que “la lucha sigue porque no se llegó al objetivo principal, que es la reforma estatutaria”.
El primer escalón de esta reforma es lograr paridad entre docentes, egresados y estudiantes en la conformación de los órganos de gobierno de la UNA.
La propuesta está encontrando una “fuerte resistencia” por parte de la “supremacía docente”, que “no acepta que el estudiantado merece un posicionamiento digno dentro de la UNA” para “dirigir las decisiones hacia el bienestar estudiantil”, señaló Cardozo.
Los estudiantes acusan a algunos docentes de presunta corrupción, superposición de cargos en la universidad y en administraciones públicas, e incluso en algunos casos, de supuesto acoso sexual.
Sin embargo, otros profesores apoyan la protesta estudiantil y se manifiestan a favor de un gobierno paritario y de la reforma del estatuto, según afirmó a Efe Eufrosina Ruiz, docente en el Instituto de Enfermería y Obstetricia Andrés Barbero, dependiente de la UNA.
“Los docentes que se oponen a la paridad son quienes ocupan cargos por siempre (...). El año pasado perdimos dos meses de clases y prácticas, pero hemos triunfado en muchos sentidos sacando la cabeza (del gobierno de la UNA). Pero quedaron miembros de esa cabeza que volvieron a nacer, perpetúan una dictadura y no quieren dar oportunidad a la gente nueva”, declaró Ruiz.
Agregó que tanto el Instituto Andrés Barbero, como el de Trabajo Social, entre otros, quieren pasar a ser facultades dentro de la UNA, para poder tener representación propia en los órganos directivos universitarios, en lugar de depender del Rectorado, como sucede hasta ahora.
El actual proceso de reforma de la UNA se inició en septiembre de 2015 con las protestas estudiantiles que llevaron al cese y encarcelamiento del rector Froilán Peralta, contra quien la Fiscalía formuló acusación la pasada semana por presunta lesión de confianza junto a otras 46 personas.
