Por Marcia Martínez y Wilson Ferreira
ASUNCIÓN Y PDTE. FRANCO
Vecinos aglutinados en la organización Asociación de Movimiento Teko Porã Rekávo, acompañados por varios concejales municipales, se manifestaron ayer frente a la Fiscalía General del Estado, en Asunción, exigiendo que no queden impunes los hechos de corrupción cometidos en la administración municipal de Presidente Franco, durante el periodo anterior.
Los manifestantes hablan de un supuesto faltante de 7.000 millones de guaraníes y de la mala utilización de unos 1.000 millones de guaraníes de recursos correspondientes al Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo).
La concejala, abogada Bartola Fernández, dijo que lo que ocurrió en la Comuna es una afrenta a la dignidad de los vecinos de Presidente Franco. “Nadie puede dormir tranquilo esperando que se haga justicia en este caso”, refirió.
Ante la denuncia ya se constituyeron técnicos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Auditoría Interna de la Presidencia de la República, que confirmaron lo denunciado. “Ellos cumplieron con su trabajo, pero no son organismos que tienen fuerza legal para castigar y buscar reparar el daño, lo único que hacen es comunicar a la Junta Municipal, notificar al intendente de lo que se hizo y que se encontró que hubo irregularidades (...). Ahora es la Fiscalía la que tiene que actuar”, dijo.
IMPUTADOS. La denuncia realizada por el actual jefe comunal franqueño, ingeniero Roque Hernán Godoy, fue contra personas innominadas, pero ayer finalmente el fiscal de la causa, el abogado Hugo Vázquez, procedió a imputar a los ex intendentes municipales Alcides Fernández López y Abrahán Alegre Leguizamón, además de la actual concejala municipal por el Partido Colorado Blanca Acuña.
Se tienen abiertas dos causas; en una de ellas procesan a Fernández y Alegre, porque supuestamente hicieron pagos y aprobaron obras de manera ilegal en varias instituciones educativas de la zona. Según la investigación, los citados ex jefes comunales, pese a las irregularidades detectadas en las edificaciones, ordenaron el pago a las empresas encargadas de llevar adelante los trabajos.
“Al mismo tiempo, existen elementos de pruebas que darían sustento a la denuncia formulada por la Contraloría General de la República, y que inducen a creer que comprometerían en grado de sospecha la responsabilidad de las personas individualizadas, constituyendo las mismas circunstancias suficientes para iniciar formalmente un proceso penal”, resalta el escrito del fiscal Vázquez.
En otra causa, está procesada la abogada Blanca Acuña, quien habría cobrado cheques de manera irregular en su rol de intendenta del municipio; y también hay elementos de pruebas que estarían comprometiendo en grado de sospecha a la hoy imputada.
Entre las denuncias se encuentran también la falsificación de firmas para el cobro de viáticos, obras fantasmas y sobrefacturadas, facturas falsificadas y clonadas, y la falta de equipos adquiridos con fondos comunales. También transferencias de fondos a comisiones vecinales sin documentación.
El fiscal Hugo Vázquez requirió seis meses de plazo a la magistrada Carina Frutos Recalde, quien entiende en las causas, para la presentación del requerimiento conclusivo.
