El Senado dio ayer media sanción a la modificación de la Ley de la Alianza Público-Privada (APP), eliminando el artículo 52 que otorgaba poderes extraordinarios al presidente de la República, a la hora de concretar concesiones con empresas extranjeras.
De esta manera la Cámara Alta envía un nuevo mensaje al presidente Horacio Cartes, señalándole que los contratos con empresas extranjeras deben pasar por el Congreso.
Esta modificación se dio en el marco del enfrentamiento entre oficialistas, liderados por el propio Cartes, y el grupo de colorados disidentes conocido como el G15.
Ahora el proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene mayoría propia para rechazar el documento.
El debate sobre la Ley de APP duró más de dos horas, en donde argumentaron a favor de la derogación y en contra. El tema fue tratado durante una maratónica sesión que se extendió por 10 horas, ocasión en que fueron tratados otros temas candentes, tales como el impuesto selectivo al consumo de tabaco, y el proyecto de ley de extinción de dominio.
Tras lograrse el cierre de debate se procedió a la votación, donde 29 senadores estuvieron a favor de la modificación de la ley, 12 en contra y hubo 4 ausentes.
Fisura colorada. El grupo de colorados disidentes no actuó en bloque, ya que dos de sus integrantes, Juan Carlos Galaverna y Víctor Bogado, votaron por dejar la ley como está. Blanca Ovelar, también integrante del G15, se ausentó a la hora de la votación, tal como también lo hicieron los liberales Robert Acevedo, Luis Alberto Wagner y Fernando Silva Facetti.
Liderados por el sector disidente, que esta vez fue G12, votaron a favor de la modificación 6 del PLRA, 5 del Frente Guasu, 3 del PDP, 2 de Avanza País y Eduardo Petta, del PEN.
Posiciones. El primero en argumentar a favor de la modificación fue Enrique Bacchetta (ANR), quien sostuvo que así como está la ley se rompe el sistema de contrapeso.
Carlos Amarilla y Silvio Ovelar también apoyaron la modificación.
Hugo Richer y Carlos Filizzola dieron su apoyo a la modificación aclarando que el FG tiene un proyecto de derogación total de la ley que “duerme en las comisiones”.
Por su parte Desirée Masi dijo que la APP va ser un gran negocio para algunas empresas, y no para el Estado.
Juan Carlos Galaverna (ANR) subrayó que no es bueno cambiar las reglas de un proceso y señaló que si se modifica, “se mata la ley”.
Víctor Bogado (ANR) intentó en vano la postergación del estudio, en tanto que Lilian Samaniego defendió la postura oficialista de no tocar la ley, porque mutilarla sería algo grave. Igual postura tuvo el oviedista Jorge Oviedo Matto.
El liberal Silva Facetti abogó en favor de las APP diciendo que la modificación ahuyentará a los inversores.
