Hoy se cumple un año de la vigencia efectiva de la ley de acceso a la información pública o de transparencia.
Es la ley más importante de la República después de la primera Constitución escrita en libertad y democracia en 1992. El instrumento jurídico que nos permite pasar de la condición de ilotas a ciudadanos, el que permite jerarquizar la condición de mandantes sobre los mandatarios, el que revela de qué manera nuestros sirvientes públicos administran la cosa de todos. La ley que hace realidad el sentido de la República y que obliga al Estado a modificar sus malos hábitos unidos a la corrupción y el despilfarro.
¿Cuánto cambió el Paraguay con la norma?... ha sido la pregunta que disparó una serie de reflexiones desde lo público hasta lo ciudadano ante una multitud congregada en la Sala Bicameral del Congreso, el viernes pasado, mientras muy cerca de ahí los estudiantes solicitaban un 7% de inversión del PIB en educación.
Fue la misma ley que horas antes produjo la acusación fiscal contra el ex rector de la UNA Froilán Peralta, la comepapeles y otros 40 funcionarios.
La norma que acabó con el contralor y subcontralora, la misma que tiene acorralados a los militares ante denuncias que no se pueden acallar con ninguna banda uniformada y desafinada. Estamos en un nuevo tiempo y aquellos que incluso proclaman que lo “público debe ser público”, saben muy bien que de este camino desandado no se vuelve más.
Con mayor frecuencia se preguntará pacífica o violentamente qué hace el Estado con los múltiples privilegios de un sector público cada vez más beneficiado de los recursos de todos. El presidente deberá darnos cuenta de lo que gasta en sus viajes, con quiénes se encuentra diariamente y qué decisiones toma en nuestro nombre.
Los miles de papeles desordenados serán la salvación o condena de los administradores; por lo tanto, deben ordenarlos cuidadosamente cuando se lo piden desde cualquier rincón del país. Nadie podrá fingir demencia o hacerse del tonto, incluso los jueces que no respondan al pedido de amparo por una petición denegada. Los periodistas no podrán justificar la publicación de los rumores... tendrán que investigarlos porque ya no tienen argumentos que justifiquen no hacerlos.
Vivimos desde hace un año un cambio de era real en el Paraguay y muchos no se han dado cuenta aún del impacto de esta norma. Lo saben cuando se conoce por cuánto compraron dos litros de cocido y las manifestaciones ganan las calles, se prolongan en tomas de escuelas y fuerzan la renuncia de alguna ministra.
Los administradores deben portarse bien, porque, de lo contrario, ya saben sus consecuencias. Algunos podrán intentar prolongar el “viejo orden”, pero nunca será mayor que la tolerancia de los mandantes que hoy observan la realidad tras los cristales transparentes del Estado.
Nadie más se esconderá tras la opacidad de una administración pública caracterizada por la resistencia a ser transparente. Cada vez más demandaremos saber desde nuestra condición de ciudadanos lo que antes nos engañaban desde la posición de los idiotas.
