La mejora en la percepción ciudadana probablemente tenga que ver con las nuevas formas de acceso a la información, lo que generó una explosión de datos, especialmente sobre cargos y salarios en el sector público. No cabe duda de la relevancia de mejorar los mecanismos que permiten la transparencia y rendición de cuentas del sector público; sin embargo, por sí solos estos mecanismos no implican avances significativos.
La provisión de datos por sí sola no es suficiente. Los partidos políticos deben tener el suficiente poder para obligar a sus políticos a que renuncien cuando se enfrentan a un dilema ético. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial deben garantizar la penalización de las malas prácticas y delitos.
El mayor acceso a información pública se revertirá en el mejor uso de los recursos públicos si el mal uso de los mismos tiene un castigo ejemplar. De otra manera, tarde o temprano la ciudadanía perderá el interés de investigar y hacer uso de la información.
La mejora relativa en el puntaje del indicador para Paraguay no nos debe hacer cantar victoria. Si analizamos el posicionamiento de Paraguay en América Latina, en los dos últimos años, nuestro país se mantuvo en los últimos lugares del ránking, solo por encima de Haití y Venezuela.
Una visión excesivamente optimista sobre este resultado es riesgoso, ya que niega los problemas que aún tiene el Estado paraguayo en materia de rendición de cuentas.
El Gobierno debe avanzar no solo en incorporar mayor información sobre los funcionarios públicos, sino sobre todos aquellos aspectos que permitirán a la ciudadanía y a la prensa ejercer su rol contralor.
Por otro lado, también es necesario mejorar la calidad de la información pública. Si bien ha habido progresos en este sentido, todavía queda mucho por hacer en cuanto a los formatos, a las páginas web de las instituciones y a la oportunidad y actualización de los datos. La información debe ser procesada fácilmente por la ciudadanía, las universidades, los centros de investigación, el periodismo investigativo y cualquier otro interesado.
El acceso a la información pública no debe depender de ningún funcionario ni de la necesidad de tener que recurrir por medios burocráticos a la misma. Los recursos invertidos en el Estado son financiados por los impuestos de la gente. No hay excusa para que las instituciones no provean toda la información que permita conocer el destino de los mismos.
El Gobierno debe continuar mejorando los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los fondos públicos y paralelamente garantizar un duro castigo a quienes los malgastan.
