Estos puntos fueron abordados con representantes de la Policía Nacional y el Ministerio Público que tomaron nota de las preocupaciones durante la mesa nacional con actores claves, En nuestro cuerpo y trabajo: autonomía y libertad, en el Hotel Guaraní.
“Somos adultas que decidimos ejercer el trabajo sexual por voluntad propia; hay compañeras que optan por trabajar en la calle o dentro de locales y no por eso están obligadas. El trabajo sexual que ejercemos no es lo mismo que la trata de personas”, manifestó Cabañas. Recordó que son objeto de constantes extorsiones por parte de los policías que custodian las zonas en las que ellas se desenvuelven y hasta buscan servicio gratuito a cambio de no molestarlas.
En cuanto al servicio de salud hubo un retroceso, ya que años atrás contaban con un servicio integral a través de un convenio y en los sucesivos gobiernos no fue renovado; ahora sigue pendiente la firma del ministro de Salud, Antonio Barrios.
“Para los servicios de salud solo somos una vagina porque cuando saben que somos trabajadoras sexuales no nos ofrecen una atención integral, directamente nos envían para realizarnos las pruebas de ETS y VIH, siendo que las compañeras sufren otras dolencias”, afirmó. La confidencialidad de los resultados de estudios laboratoriales es otro punto pendiente.
Las mujeres en cuestión están en proceso de elaboración de una ley de trabajo sexual para contar con un amparo legal. La organización tiene alrededor de 1.300 socias en todo el país.
