Con esto ya suman cuatro los ministros que decidieron apartarse del caso. Ya hicieron lo mismo los magistrados Antonio Fretes, Miryam Peña y Gladys Bareiro de Módica alegaron amistad (una) y enemistad (otro) con el abogado Juan Ernesto Villamayor.
De esta manera, la Sala Constitucional deberá integrarse antes para poder estudiar la acción planteada por los senadores, diputados y miembros del Parlasur que recurrieron ante la máxima instancia contra la resolución de la convención.
Ahora el expediente pasó al despacho del ministro Miguel Óscar Bajac, luego pasará al ministro César Garay y finalmente a los ministros que conforman la Sala Penal Alicia Pucheta, Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera.
Si los mismos no aceptan o no se puede completar la integración, el expediente deberá integrarse con los camaristas de la capital, pasando por cada uno de los fueros.
Los mismos deben estudiar la acción, ya que existe un pedido de suspensión de los efectos de las resoluciones atacadas, si dan o no trámite a la acción, o en su caso, el rechazo in límine de la presentación.
La acción. La presentación fue hecha por 8 senadores, 8 diputados y 3 del Parlasur, todos de la disidencia.
Atacan cuatro resoluciones del 29 de octubre pasado dictadas por la convención ordinaria de la ANR. La primera, donde le dan voto de confianza al presidente Horacio Cartes por el tema de la reelección, y de establecer como mandato apoyar proyectos del Poder Ejecutivo. También sobre los mandatos para elegir contralor, subcontralor, defensor del Pueblo y defensor del Pueblo adjunto.
Además, sobre la intervención de la Comuna de Lambaré, y la última, donde otorgan la orden a los diputados para la designación de las citadas autoridades.
Los demandantes alegaron que los mandatos imperativos están prohibidos, que los estatutos partidarios no facultan a ninguna de las convenciones otorgar ningún tipo de mandato, entre otras cosas. Por tal motivo los parlamentarios piden la suspensión de los efectos de las citadas resoluciones.
El senador de Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, había dicho que “confiará en los miembros de la Corte que deben cumplir con lo que dicta la Constitución Nacional”.