La primera ministra británica, Theresa May, dispuso que los funcionarios colaboren con el Ayuntamiento de Kensington & Chelsea, al que pertenece la torre Grenfell –prácticamente calcinada el miércoles por un devastador incendio–, después de las fuertes críticas de los vecinos por su aparente indiferencia a la desesperación de los residentes que lo han perdido todo.
Al tiempo que este siniestro se está convirtiendo en una crisis de dimensiones políticas para May al no haber visitado inmediatamente a las víctimas, su ministro de Economía, Philip Hammond, profundizó la situación al admitir ayer que el material utilizado en el revestimiento que tenía el edificio –con polietileno, según los medios– está prohibido.
El inmueble, en el que vivían entre 400 y 600 familias, se incendió con rapidez, lo que dificultó la evacuación de los residentes y muchos de ellos quedaron atrapados. efe