Las sanciones, cuya validez expiraba el 13 de abril, prohíben los intercambios comerciales entre Japón y Corea del Norte e impiden a los barcos norcoreanos arribar a ningún puerto del archipiélago, salvo por motivos humanitarios, así como vuelos chárter entre los dos países.
Las penalizaciones están vigentes desde que Japón las impusiera de manera unilateral tras el lanzamiento de un misil de alcance intercontinental y una prueba nuclear llevados a cabo por el régimen de Pyongyang en 2006.
Japón sostiene que entre 1977 y 1983 al menos 17 japoneses fueron secuestrados por Corea del Norte para sustraer sus identidades o para que adiestraran en su cultura e idioma a los espías norcoreanos.
En 2002 Pyongyang reconoció varios de los secuestros y devolvió a cinco ciudadanos a Japón, pero afirmó que los 12 restantes o bien habían fallecido o bien ni siquiera pisaron nunca suelo norcoreano, una versión de la que desconfía el Ejecutivo de Tokio.
El pasado mes de julio el Gobierno japonés levantó sanciones unilaterales en materia de desplazamientos y de envío de remesas entre ambos países después de que Pyongyang se comprometiera a reabrir una investigación sobre los 12 japoneses y otros posibles casos de secuestro.
En base a ese acuerdo, Japón esperaba recibir el año pasado un primer informe del Comité de Investigación Especial norcoreano -que a fecha de hoy sigue sin haber sido presentado- así como las conclusiones de las pesquisas este próximo verano.
Pese a la visible falta de avances, el Gobierno del primer ministro Shinzo Abe se ha comprometido a resolver cuanto antes el tema de los secuestros, el principal obstáculo para la normalización de las lazos entre ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas.
Aparte de los 17 abducidos que reconoce oficialmente el Gobierno, una asociación independiente del archipiélago cifra en torno a 470 los posibles casos de japoneses secuestrados por Corea del Norte, mientras que la Agencia Nacional de Policía eleva su estimación hasta casi los 900 casos.
