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Opinión
jueves 14 de julio de 2016, 01:00

Todos condenados

Por Miguel H. López | En TW: @miguelhache
Por Miguel H. Lopez

Decía Montesquieu: Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. Y remataba Martin Luther King: La injusticia en cualquier lugar es una amenaza en todos lados. El fallo del tribunal que juzgó y condenó a los 11 campesinos en la causa por la matanza en Curuguaty se inscribe en esta línea de lo más ignominioso, permisivo y peligroso para la sociedad en su conjunto; y atentatorio contra las instituciones democráticas, como derivación del quiebre del estado de derecho al haberse avasallado no solo la presunción de inocencia, sino el debido proceso al aplicarse sentencia sin pruebas concluyentes.

Muchos abogados, en estos días, tratan de darnos lecciones de Derecho. Se escudan en las formalidades, apelando a la desfasada concepción de lo jurídico. No asumen que existe el principio de progresividad y que una sentencia judicial no es hacer justicia. Es un documento que condena o absuelve, sin que en rigor sea haber sido justo, ni del derecho ni del revés. Y que en el caso que comentamos, hasta el menos lego entiende que es insostenible la decisión de los tres jueces: Ramón Trinidad, Samuel Silvero y Benito González.

Esta es una de esas sentencias a medida, como cuando uno se manda coser un traje. O como cuando los lacayos hacen al pie de la letra lo que el patrón ordena.

Entendamos ahora por qué, no habiendo ni pruebas ni debido proceso, la causa arriba a sentencia. Porque si llegare la absolución –cosa que corresponde, cuando de fondo incluso procede la nulidad– se cae todo el argumento que provocó el golpe parlamentario contra el gobierno constitucional de Lugo en junio de 2012. Quedarían en evidencia los hilos que movieron las marionetas del montaje en Marina Cué (donde saltan incluso nombres de parlamentarios y prominentes figuras del poder nacional) Y desnudaría la mentira político-judicial-fiscal-policial hurdida en esta historia.

Todo el manejo del caso Curuguaty –uno logra descubrir releyendo periódicos a lo largo de estos 4 años– constituye una clara prueba de cómo lo ilegal se entroniza y recibe ropaje de justicia, para congraciarse –rendir pleitesía y cumplir como mandado– con los patrones políticos y los jefes de bandos.

El caso es típico para los tribunales internacionales. Aunque el stronista canciller Eladio Loizaga se haga el desmemoriado y alegue que no existe posibilidad de que el fallo sea cancelado a nivel internacional, sabe que la condena final de la Corte Interamericana de DDHH sobrevendrá sobre el Estado paraguayo y que las multimillonarias multas la terminaremos pagando todos con nuestros impuestos, con los fondos públicos.

Esta sentencia abre las compuertas para más abusos contra cualquiera. Es condenar sin pruebas, aunque los defensores de lo indefendible aleguen lo contrario. Es aquello que decía el político alemán Willy Brandt: Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen.