Basándose en artículos del Código Procesal Civil, el titular del Congreso, Roberto Acevedo, sostuvo ante el plenario que no se puede contratar ningún abogado particular ni tampoco se puede querellar.
“Es improcedente la contratación de un cuerpo de abogados particulares para intervenir en nombre y representación del Poder Legislativo en una causa penal en calidad de querellante adhesivo”, leyó.
“Nuestras leyes expresamente disponen que los entes públicos no podrán ser querellantes y que solo el Ministerio Público podrá representarlo ante la Justicia penal. Al Poder Legislativo, sí le cabe la obligación de promover la denuncia en los hechos de acción penal pública, cuando dependa la instancia de la víctima”, refirió Acevedo.
Desirée Masi reveló que Latorre tendría la intención de cobrar USD 50.000 por sus servicios. Con el apoyo de Eduardo Petta, planteó interpelar incluso a los comisarios asignados para la defensa del Congreso y la sede del PLRA, la noche del 31 de marzo.
