Como cristiano y sacerdote de la Iglesia Católica esta causa de Jesús es mi causa y a ella dedico también mi vida.
Ciertamente no es fácil hacerlo. Las mismas fuerzas que condenaron a Jesús andan sueltas ahora para beneficio de los poderosos.
En cada época de la historia ha tenido esta represión su propia modalidad. En el Paraguay actual la llamamos “terrorismo de Estado” y se realiza mediante la criminalización de las luchas sociales.
Trato este tema porque el 15 de setiembre 200 familias campesinas de Guahory fueron desalojadas de las tierras donde habían vivido por más de 20 años en beneficio de brasiguayos con títulos falsos dados por una rosca mafiosa del Indert en la Regional de Caaguazú.
Ha llegado la hora de que esta contradicción con el Reino de Dios, del que hablaba anteriormente, se descubra públicamente.
“Criminalización es un estrategia pensada y montada desde el Estado para frenar las luchas sociales y colocar en el plano judicial (delictivo) los problemas sociales, para deslegitimar la lucha por los derechos. Apunta a la desmovilización social, ya sea por medio de la represión directa o de atemorizar a sectores sociales con perder su libertad”. (Palau y Corvalán, 2008).
El reciente libro Judicialización y violencia contra la lucha campesina (Abel Areco y Mariele Palau) narra, con profusión de fotos y datos, cuarenta y dos casos de criminalización de campesinos en el periodo 2013-2015. El aludido de Guahory ya pertenece al 2016.
Como cristiano y como sacerdote pienso que es grave esta situación criminilizadora y que la Iglesia Católica debe afrontarla con su jerarquía, sacerdotes, religiosos y laicos.
